“Mis 7 prioridades son: 1. Fortalecimiento de la escuela; 2. Infraestructura, equipamiento y materiales; 3. Desarrollo profesional docente... 4. Revisión de planes y programas de estudio; 5. Equidad e inclusión; 6. Educación y mercado laboral; 7. Reforma administrativa de la SEP”.
Aurelio Nuño.
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El recientemente nombrado Secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño, acaba de publicar en Tuiter sus prioridades de gestión en el tiempo que estará al frente de la oficina que rige el funcionamiento de las instituciones educativas en todo el país.
Se trata de siete puntos generales que aparecen en la cita con que abro este artículo y que será necesario analizar en función de las necesidades detectadas en la evaluación y en la vivencia cotidiana de los actores del proceso educativo y estar atentos a revisar en sus concreciones para evitar que sean simplemente elementos de un discurso político que no aterricen a la realidad escolar.
De entrada estos siete puntos parecen corresponder a necesidades reales de cambio que se han planteado durante mucho tiempo y que sin embargo no han recibido la suficiente y eficiente atención por parte del Estado.
El fortalecimiento de la escuela es un punto fundamental que en un sistema fuertemente centralizado, corporativo y regido en la realidad por el sindicato magisterial resulta una urgencia puesto que los centros educativos no tienen prácticamente ningún margen de decisión autónoma para determinar sus prioridades, organización y estilos de trabajo acordes con su contexto específico en el marco de los lineamientos comunes. Esta situación hace que los directores escolares y la planta docente sean simplemente operarios pasivos, acríticos e imposibilitados de innovación de un currículo y visión pedagógica impuesta desde los escritorios de los expertos –en el mejor de los casos- o de la burocracia de la secretaría o del sindicato.
El estudio de Mexicanos primero sobre la situación de las escuelas en México (que puede consultarse aquí): mostraba la terrible realidad de los centros educativos en cuanto a infraestructura y equipamiento para poder funcionar dentro de los mínimos ya no digamos de calidad educativa sino de dignidad humana para alumnos y maestros.
En este estudio se muestra que más del 59% de las escuelas del país pueden ser consideradas “no escuelas” porque carecen de lo indispensable –baños, electricidad, aulas adecuadas, mobiliario digno, internet, etc.- para poder promover el aprendizaje de los niños.
La tercera prioridad ha sido ya muy comentada a partir de la aprobación de la Reforma educativa de este sexenio. La necesidad de que a partir de la evaluación docente y del establecimiento y operación del Sistema profesional de carrera docente se reestructure de fondo el concepto, contenidos, métodos, modalidades y espacios para el desarrollo profesional de los docentes tanto en la formación inicial como en la formación permanente es una prioridad innegable dado que como hemos dicho en este espacio lo más importante de la educación sucede en el salón de clases y si no tenemos profesores altamente calificados en lo profesional y con una clara vocación para el magisterio, por más que cambien las condiciones materiales o las leyes que rigen el sistema será imposible que la educación mejore.
Pero además de tener profesores calificados y en formación permanente, se requiere de una revisión profunda y sistemática de los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos para que el planteamiento sobre el qué, el cómo, el por qué y el para qué del aprendizaje de los estudiantes responda tanto a las tendencias educativas internacionales como a las necesidades concretas de nuestra realidad social y cultural.
El tema de equidad e inclusión es uno de los temas fundamentales en nuestros días. Si aspiramos a tener una sociedad cada vez más democrática resulta indispensable que la escuela sea un espacio donde se aprende la inclusión de todos desde la tolerancia, el respeto y la comprensión de los diferentes, donde se experimentan formas dialógicas y democráticas de convivencia y donde se puedan generar condiciones para la equidad social, para que la enorme desigualdad que existe en el país sea combatida y no reforzada por la escuela y la universidad.
Resulta necesario también revisar los planes y programas y la estructura del sistema educativo en función de las demandas del mercado laboral, siempre y cuando estas exigencias, importantes pero parciales en términos de una formación integral de los ciudadanos, no sean tomadas como criterios únicos para orientar toda la actividad escolar y el diseño de los planes de estudio.
Finalmente –y no por ser la menos importante, porque tal vez es la que hace falta para hacer posibles los demás cambios- resulta imprescindible una reforma administrativa de fondo de la SEP para hacerla una organización de alta complejidad y no el monstruo burocrático que es hoy. Se requiere una secretaría de educación que facilite y promueva los procesos de formación de los ciudadanos del futuro –un ministerio del futuro, decía don Pablo Latapí Sarre- y no una estructura rígida, vertical, monolítica, centrada en el control que obstaculiza todo intento de innovación de lo que pasa en las escuelas y dentro de las aulas.
Esta reforma tendrá que ser acompañada por una profunda reforma del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –que si bien no le toca a la SEP, puede contribuir a impulsarla o bien ser factor para detenerla- para convertirlo en una organización gremial moderna, democrática, autónoma y creativa que se dedique a velar por los derechos de los profesores y no al control político que sirve al sistema o a los grupos políticos antisistema.
Para finalizar, considero que existe una omisión en estas prioridades y es el diseño de un nuevo modelo educativo nacional que sea el faro que indique las finalidades de todos estos cambios. Porque de acuerdo al muy conocido ejemplo de Alicia en el país de las maravillas, si no se sabe hacia dónde queremos dirigir la educación de las nuevas generaciones de mexicanos, dará lo mismo el sentido que tengan los cambios en las siete prioridades marcadas por el secretario.