Mientras en Guatemala la sociedad se moviliza para repudiar públicamente a su Presidente de la República, Otto Pérez Molina, porque, según se dice, incurrió en probables actos de corrupción, en México, los mexicanos –visualizados a través de una perspectiva general– causamos la impresión que estamos dormidos y que por el estado de somnolencia en que nos encontramos hundidos, nos es difícil –o imposible– percatarnos de las corruptelas y dispendios que comenten nuestros gobernantes, o lo que es peor, todavía, sabiendo de ellas, permanecemos con la boca cerrada y los brazos cruzados, como si nada sucediera.
Considerando que la célebre frase que pronunció hace más de un siglo, uno de los principales libertadores de Cuba, José Martí (los otros fueron Antonio Maceo y Máximo Gómez), que dice La educación os hará libres, hoy en día tiene plena vigencia y que, en materia de educación, México aplica una cantidad de dinero per cápita mayor que Guatemala, lo que se traduce que el porcentaje mexicano de analfabetismo sea del 6.9%, inferior al 18.46% de ese país centroamericano, hace injustificable que los mexicanos –como pueblo– seamos, en términos políticos, conformistas, sumisos, indolentes y agachones.
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Esta nociva conducta colectiva, es y ha sido aprovechada por muchos gobernantes para mal gobernar y saquear al país, a sabiendas que por nuestra inmovilidad social no serán castigados.
A diferencia de los mexicanos, los guatemaltecos se movilizaron masivamente para exigir la dimisión de su presidente, Otto Pérez Molina, porque éste aprovechó, según dicen los inconformes, el cargo público que ocupaba, para recibir sobornos de importadores de mercancías que se resisten a pagar impuestos aduaneros. Relacionada con este asunto, se encuentra en la cárcel la expresidenta Roxana Baldetti.
Con esa movilización popular que condujo al desafuero, renuncia y encarcelamiento de Pérez Molina, los guatemaltecos, sin proponérselo, nos dieron a los mexicanos un ejemplo de valor, dignidad y rebeldía ciudadana. Ejemplo que deberíamos replicar en México, para que los gobernantes no continúen enriqueciéndose ilegal e impunemente al amparo de los cargos públicos que ocupan.
El caso de la amañada y fallida licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que el gobierno de Peña Nieto preparó ex profeso para favorecer a uno de sus contratistas predilectos, el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de varias empresas constructoras, es un claro ejemplo de corrupción gubernamental.
En el país existen ejemplos de corrupción presidencial que han pasado desapercibidos para la sociedad mexicana desde la época del régimen del presidente Miguel Alemán Valdés hasta la administración de Vicente Fox (ver el libro Camisas azules manos negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, de Ana Lilia Pérez, editorial Grijalbo), pasando por Carlos Salinas de Gortari, quien dilapidó discrecionalmente 51 mil 818 millones de pesos, dizque para combatir la pobreza.
Pobreza, que, por cierto, que desde entonces (27 años) no se ha abatido, sino por el contrario, se ha incrementado. El gobierno de Peña Nieto, ha contribuido recientemente a elevar esa cifra con dos millones de pobres.
En Guatemala, el Congreso desaforó al presidente Pérez Molina como consecuencia de las indagaciones efectuadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Desafuero que derivó en la renuncia del presidente guatemalteco y su posterior encarcelamiento.
Mientras que en México, contrastando con lo que ocurre en el vecino país centroamericano con el ahora exmandatario guatemalteco, el presidente Enrique Peña Nieto, que incurrió evidentemente en un acto de corrupción, en el caso de la licitación y adjudicación de la obra pública correspondiente al Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, se pasea impunemente, dentro y fuera del país, sin que ninguna autoridad se haya atrevido a investigar ese caso, no obstante que desató un escándalo nacional e internacional, por la forma desaseada y convenenciera como se manejó ese proceso licitatorio que terminó dañando la credibilidad e imagen presidencial.
Esta es la historia de la amañada licitación del Tren de Alta Velocidad:
1.- Durante su campaña electoral Peña Nieto ofreció la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro (TAV).
En materia de obras de infraestructura, sería la segunda en importancia del gobierno peñanietista. El monto inicial de la inversión se estimaba en 43 mil 579 millones de pesos y terminó en 50 mil 820 millones de pesos.
Tendría una longitud de 209.2 kilómetros, que recorrería en 58 minutos, desarrollando una velocidad de 300 kilómetros por hora. Con capacidad para transportar diariamente 22 mil 200 pasajeros en 12 vagones.
Esta obra podría detonar el restablecimiento de la red de transporte ferroviario de pasajeros que requiere el país.
2.- El 15 de agosto de 2014, es decir, 622 días después de ascender Peña Nieto a la Presidencia de la República, la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta número LO-009000988-I55-2014 “para el otorgamiento de un contrato mixto de obra pública para elaborar el proyecto ejecutivo definitivo, la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de: una vía férrea; material rodante; equipos y sistema y demás componentes del proyecto del Tren de Alta Velocidad México, D. F.,-Santiago de Querétaro, Querétaro”.
Estableciendo como fechas para la visita al sitio donde se efectuaría la obra, el 20 y 22 de agosto. Para efectuar las juntas de aclaración, el 1 y 8 de septiembre y para la presentación y apertura de propuestas, el 15 de octubre de 2014.
3.- Se inscribieron 17 participantes. De éstos, 16 consideraron insuficiente el lapso de 60 días establecido en la convocatoria para elaborar los estudios técnicos y financieros que se requieren para la integración de un proyecto ejecutivo viable y de buena calidad.
Las empresas Alstom, Indra, CAF y Siemens, argumentaron que era necesario ampliar a 180 días el término estipulado en la convocatoria. Los representantes de ICA, Bombardier, Thales y Nacele estimaron que el lapso en cuestión debería circunscribirse a 120 días.
El Testigo Social del proceso licitatorio, Humberto Santillana, también consideró insuficiente el lapso de 60 días establecido por la secretaría de Comunicaciones y Transportes.
4.- El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, denegó las solicitudes de ampliación del cuestionado periodo de 60 días, bajo el argumento que no era posible atenderlas favorablemente en “aras de un adecuado ejercicio presupuestal.”
5.- De los 17 participantes en el proceso licitatorio, sólo uno, el consorcio chino-mexicano encabezado por China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), no solicitó ampliación del estrecho plazo fijado por la secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los 16 restantes optaron por retirarse al no ser tomada en cuenta su razonable petición.
6.- El hecho que la SCT haya provocado deliberadamente (como quedó demostrado) la no participación de 16 empresas en el concurso licitatorio, al negarles la ampliación del lapso de 60 días que solicitaron para efectuar la preparación, elaboración y presentación de sus respectivas propuestas, no obstante que sabía de la estrechez e insuficiencia de ese plazo, revela que su intención era adjudicar la obra del TAV al consorcio chino-mexicano, encabezado por China Railway Construction Corporation Limited, del que forma parte la constructora Teya, cuyo propietario, Juan Armando Hinojosa Cantú, es uno de los constructores predilectos del presidente Peña Nieto, en lo que se refiere al otorgamiento de contratos de obra pública, por lo menos, desde hace 10 años que se inició como gobernador del estado de México.
7.- Juan Armando Hinojosa Cantú, es la misma persona, que sin ser su actividad empresarial la venta de casas, vendió, en condiciones financieras inusualmente laxas, a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, la “Casa Blanca” de las Lomas de Chapultepec y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la mansión de lujo situada en el Club de Golf de Malinalco, que por cierto cuenta con un helipuerto en una de sus áreas de servicio exclusivo para sus habitantes.
8.- El 3 de noviembre de 2014, la SCT adjudicó, automáticamente, la obra pública relativa a la construcción del Tren de Alta Velocidad, al único postor que llegó al final del concurso licitatorio, quien resultó ser el consorcio chino-mexicano donde participaron las empresas Teya, integrante del Grupo Higa, también propiedad del constructor preferido del presidente Peña y la Constructora y Edificadora GIA+A (GIA), de la que es director Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, tío paterno de la secretaria de Relaciones Exteriores, del gobierno peñanietista, Claudia Ruiz Massieu Salinas.
9.- El 6 de noviembre, al quedar plenamente descubierta la descarada e inmoral maniobra gubernamental, orquestada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto (nadie más que él pudo haberla ordenado) para favorecer al grupo empresarial donde participó la constructora Teya, su probidad se colapsó.
Con la finalidad de resolver la crisis de confianza y credibilidad en que entró su gobierno, Peña determinó la revocación del fallo emitido 3 días antes por la SCT.
10.- Después de este affaire, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el consorcio chino-mexicano deben explicar el motivo, causa o razón por la que esta asociación empresarial, encabezada por China Railway Construction Corporation Limited, no reclamó la ampliación del término de 60 días fijado por la SCT, para la entrega del proyecto del Tren de Alta Velocidad.
La respuesta es ociosa por su obviedad. El consorcio triunfador no solicitó ninguna ampliación de plazo porque contó con información privilegiada que sólo el gobierno de Peña Nieto le pudo proporcionar de manera ilegal y convenenciera, toda vez que dispuso de ella, obviamente, por lo menos, desde que fue declarado presidente electo el 31 de agosto de 2012.
11.- Queda suficientemente claro que el consorcio chino-mexicano tuvo sobre sus 16 competidores una ventaja de casi 2 años, antes que la SCT diera a conocer, oficialmente, la convocatoria para la licitación del TAV. Puesto que de no haber sido así –como fue en realidad–, el tiempo establecido por esa dependencia del gobierno federal, también le habría resultado insuficiente como a las demás empresas que ingenuamente participaron en la farsa del Tren de Alta Velocidad.
(Continuará)