Ser joven en el México actual es un verdadero reto. La simulación de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la juventud se conjugan con la criminalización de adolescentes y jóvenes. Problemas como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, falta de acceso a los servicios de salud, deterioro de la salud alimentaria, falta de seguridad social, emigración, desempleo, violencia de género, embarazos prematuros, imposibilidad del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, consumo de drogas y adicciones de todo tipo, vinculación con el narcotráfico y los grupos delictivos, son algunas de las problemáticas que enfrentan día a día miles de adolescentes y jóvenes en el país.
No obstante, hay otros asuntos que son violatorios de los derechos de la juventud, no por omisión del Estado, sino como forma de acción y práctica instaurada casi como políticas gubernamentales, tales como criminalización, feminicidio, trata de personas, tortura, secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos, presuntamente, en manos de grupos policiales o militares que lesionan los derechos específicos de su grupo etario y de los derechos humanos en general.
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México es el tercer país donde más han asesinado a adolescentes y jóvenes, después de Brasil y Colombia, con un promedio de cuatro mil 555 asesinatos por año durante el periodo de 2000 a 2008, según del estudio Violencia juvenil en América Latina, realizado por El Colegio de México y el Centro de Investigación sobre Desarrollo.
Asimismo, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documenta de forma hemerográfica cerca de 2,000 homicidios de niñas, niños y adolescentes del 2006 al 2014, así como la desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos.
Esta misma red documenta en el Informe Alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México que de acuerdo con datos del Programa de Apoyo a Familiares de Personas extraviadas, sustraídas o ausentes de la PGR, se reportó que a nivel nacional hay 810 niñas desaparecidas, de las cuales 361 se encuentran entre los 0 y 12 años de edad y 449 entre los 13 y 17 años. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Programa de Personas Extraviadas Dar Contigo sólo reporta 800 niñas desaparecidas a nivel nacional, sin desagregar la información por grupos de edad. Estas cifras evidencian que la información para localizar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos no es fiable.
De acuerdo con datos de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, AC, en el año 2012, esta organización recibió un total de 206 casos de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de trata. Igualmente, en el año 2013, se contabilizaron 118 casos, más los 100 no resueltos de años anteriores. En virtud de ello, para el año 2013, se contabilizó un total de 218 casos, lo que representó un incremento de 100%, respecto del año anterior. De los casos atendidos por la organización en este periodo, para 2012, el 90% fueron del sexo femenino y el 10% del sexo masculino y, para 2013, 92% fueron del sexo femenino y el 8% masculino. Asimismo, de los casos recibidos en 2012, el 9% de las víctimas fueron personas de las comunidades indígenas y en el 2013 el 2%.
De acuerdo con datos de la ONU, en México se cometen diariamente 6.4 feminicidios, de los cuales el 95% quedan impunes según datos de la ONU. A través del monitoreo de medios y documentación de feminicidios en Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, AC ha registrado el feminicidio de 77 niñas (el periodo comprende de enero de 2000 a diciembre de 2013).
Más allá de quienes han sido reclutados o desaparecidos para el servicio del crimen organizado, se encuentran niñas, niños y adolescentes que han sido criminalizados por las políticas de ―cero tolerancia al consumo de drogas. Más de 60% de las averiguaciones previas iniciadas entre el 1° de noviembre del 2012 y el 28 de febrero del 2013 por la PGR por delitos del fuero federal relacionados a delitos contra la salud tipificados en el Código Penal Federal, están relacionados con la posesión de drogas.
Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la población en prisión, 40% de los internos tiene entre 18 y 30 años; 50% de quienes abandonaron sus casas alguna vez antes de los 15 años lo hicieron por problemas o por violencia en la familia y; 12% de los internos prestaron sus servicios en la policía o las fuerzas armadas.
Además, tal parece que para los todos los gobiernos del país, incluyendo el federal y sin distingo de partido político de filiación, ser joven es sinónimo de un potencial peligro. La juventud es criminalizada desde hace décadas, pero en la actualidad una nueva ola de represión ha ubicado a las y los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Sólo basta recordar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, así como los asesinatos en Tlatlaya, y los feminicidios en el Estado de México, en el que la mayoría de los fenecidos eran jóvenes.
Tal parece que el proceso de criminalización de la juventud comienza desde el momento mismo en que se les niega a los jóvenes la posibilidad de acceder a mejores formas de vida, en las cuales favorezcan su vida y su participación, no sólo económica, sino política y social con el país. Asimismo, ser joven se convierte en un signo de vulnerabilidad en sí mismo y, tanto el gobierno federal, como los estatales, no ha logran favorecer los derechos fundamentales de los jóvenes.
Picaporte
Al jefe de gobierno capitalino le urge cerrar los centros de esparcimiento juvenil, como el Multiforo Cultural Alicia, bajo el pretexto de la venta de cervezas (cuando en todo el Distrito Federal se venden en las calles cerca de las oficinas de las delegaciones políticas y cuando las calles de la delegación Cuauhtémoc está plagada de otros problemas más serios) en lugar de poner atención en una ciudad que cada vez se vuelve más violenta por el crimen organizado y por sus fuerzas policiales represoras, no sólo para los jóvenes, sino para todos. O ¿tienen miedo de otro News divine? ¿Tienen miedo de que sus fuerzas policiacas abusen nuevamente de su poder contra los jóvenes?