El pasado jueves 16 Juan Carlos Mondragón presentó en Puebla su libro Financiamiento de partidos, rendición de cuentas y corrupción en México. Se trata de una interesante investigación que fue presentada como tesis de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y que obtuvo el premio de la fundación Konrad Adenauer a la mejor tesis de su promoción. Trata en él uno de los temas que están en el centro de la agenda política del país: la relación entre dinero y política en general y de dinero y partidos en particular.
El tema tiene que ver con una de las paradojas de las democracias modernas. Por un lado se basan en la igualdad electoral, pues el voto de cada ciudadano vale lo mismo. Por otro se dan en sociedades con una notable desigualdad económica y social. Esta desigualdad puede trastocar los fundamentos y los resultados de la vida democrática.
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En particular, la influencia de dinero ilegítimo erosiona la legitimidad democrática. Mondragón lo plantea acertadamente, retomando una propuesta de la Organización de los Estados Americanos. Para la OEA la presencia de dinero irregular o extralegal en las campañas “trastoca las tres bases de la legitimidad política: de origen, de ejercicio y de finalidad”.
Lo anterior es más o menos claro. Recuerda a la regla de oro: “quien pone el oro, pone la regla”. Si el dinero irregular, sea que provenga de empresarios particulares, del crimen organizado o de manera ilegal del sector público, es el que decide el resultado de una elección, los patrocinadores pondrán las reglas para quien acceda al poder. Es una cuestión de lealtades trastocadas: ya no se es leal a la mayoría electoral por la que se llegó al poder, sino a los grupos o individuos que dieron el apoyo económico necesario para ganar.
De lo que se deriva también un cambio en la legitimidad en el ejercicio: ya no estará orientada al bienestar público, sino al de la minoría a la que se debe el acceso al poder. Y también con la legitimidad de finalidad, que la OEA considera como la vigencia real y la ampliación de los derechos de ciudadanía (legales, políticos y sociales). La finalidad del grupo que accede al poder mediante dineros ilegítimos cambia y busca favorecer a los intereses privados con los que quedó en deuda.
Lo anterior es ciertamente un problema. Pero, un problema ¿para quiénes? Son los mismos partidos políticos, a través de sus integrantes en el poder legislativo, los que hacen las leyes. ¿Por qué no tenemos una legislación que evita la entrada de dinero ilegítimo a los partidos, que es para el autor, con toda razón, una forma de corrupción?
Puede haber varias respuestas. Una es que la agenda que han tenido los partidos ha estado muy cargada, que han tenido que ocuparse de problemas más urgentes, y que han dejado éste para el futuro. Una segunda es que la cuestión no es tanto de leyes escritas, sino de usos y costumbres, y los cambios en la ley no pueden por sí solos cambiar la realidad. Esto explicaría que países con legislaciones más modestas que la mexicana y con órganos de vigilancia menos complejos que los nuestros, no tengan los problemas de ingreso de dinero irregular a los partidos. Y que cuando los tienen son mucho más eficaces para sancionarlos.
Hay una tercera respuesta, señalada en el libro: la situación actual da lugar a un “equilibrio” que de alguna manera favorece a todos los actores, es decir, a todos los partidos. Mondragón no abunda en ese equilibrio, pero deja claro que consiste en una situación en la que nadie tiene los incentivos suficientes para cambiarla y dejar resuelto el problema. Todos obtienen algún beneficio. Así sea el de tener una excusa cuando se pierden las elecciones: no perdí, me las robaron, por medio de dinero ilegítimo.
La investigación presentada en el libro está bien fundada en un problema político vigente (si no para los partidos, sí para la opinión pública y la academia). Bien sustentada en criterios académicos rigurosos y con los datos, pertinentes. Un aporte valioso para seguir analizando y dar vigencia a nuestro interés público.