La lucha en contra de la corrupción es un tema que a todos nos atañe, porque este fenómeno que daña a la sociedad crece a partir de un concepto de educación y de falta de valores que todos tenemos la responsabilidad de atender.
De acuerdo a la encuesta de Transparencia Internacional, en su índice de percepción, de un total de 175 países, México se encuentra en el lugar 103, empatado con Níger, Moldavia y Bolivia.
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En la Cámara de Diputados estamos conscientes de ello y aprobamos el dictamen para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ya está en manos del Senado de la República su análisis y aprobación, en su caso.
Se trata de generar reglas más estrictas en el manejo del dinero de los mexicanos en los tres órdenes de gobierno como obligar a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés.
Anteriormente el plazo de la prescripción de las sanciones administrativas era sólo de 3 años y establecimos que el periodo se ampliara a 7 años.
Para lograr avanzar más en la revisión de las cuentas públicas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades como realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
Algo en lo cual considero un esquema más riguroso es la creación de un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores públicos y, en su caso, particulares que comentan faltas administrativas.
Otros de los aspectos trascendentales en los cuales coincidimos la mayoría de las fuerza políticas representadas en la Cámara de Diputados es la modificación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves.
Se mandata para que los estados crean sus propios sistemas locales de anticorrupción, pero para evitar que sea una entidad que responda a los intereses de un sector, éstos tendrán necesariamente que involucrar al nivel federal, estatal y municipal. Estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la fiscalía contra el combate a la corrupción, la secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Y las facultades del Comité son: diseñar y promover políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción, con especial atención a las causas que los generan. Anualmente el Comité presentará un informe sobre sus avances y la aplicación de políticas y programas. Emitirá recomendaciones a las autoridades con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento para la prevención de la corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
También se considera un esquema preventivo para que las autoridades competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los entornos donde la corrupción haya sido observada de manera sistemática.
En suma, estamos sentando las bases para una revisión estricta del destino de los recursos de todos los mexicanos, para que éstos se apliquen en el desarrollo del país y no del bolsillo de funcionarios públicos.
Hoy toca al senado continuar el esfuerzo que hicimos los diputados federales y posteriormente los estados deberán hacer lo propio.
Si queremos una sociedad mejor, todos debemos participar porque la corrupción no sólo se da en la función pública también entre particular y eso no debe continuar.
FIN