En esta misma semana los ayuntamientos de Puebla y Amozoc tomaron la decisión de realizar un plebiscito para intentar culminar con un conflicto de muchos en años sobre la definición de límites territoriales entre ambos municipios.
Estamos hablando de una franja de 16 kilómetros, de las cuales prácticamente son cuatro kilómetros que propiamente observan una indefinición que afecta a los ciudadanos con relación al pago de servicios, a la realización de trámites y a muchos otros aspectos que afectan aspectos esenciales de una comunidad.
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Este plebiscito que considera una consulta a 11 colonias de Puebla e igual número en Amozoc, tiene sus orígenes desde el famoso decreto de 1962 y que incluso ha sido punto de partida en la disputa de límites entre Puebla y otros municipios.
Podemos remitirnos fácilmente al tema de San Andrés Cholula y Puebla que tuvo una solución política, pero que por muchos años fue la fuente de enconos y controversias legales entre los municipios.
Cuando tuve la oportunidad de ser diputado en la LVII Legislatura local apoyé abiertamente la Ley de Delimitación Territorial, porque que hoy es sustento precisamente de este tipo de acuerdos que permiten a los municipios buscar alternativas de solución al tema.
Me parece que la decisión asumida por los ayuntamientos de Puebla y Amozoc, en principio, es positiva porque busca considerar la opinión de los principales afectados que son los ciudadanos, pero sobre todo porque muestra la voluntad de las partes para llegar a acuerdos que, necesariamente tendrían que ser avalados por el Congreso del Estado, al ser la única entidad facultada para resolver los asuntos limítrofes de manera definitiva.
Considero también que nosotros los legisladores tenemos la obligación de dar seguimiento e incluso involucrarnos de ser necesario para coadyuvar en la solución del tema limítrofe, porque en esta misma circunstancia se encuentran muchos ciudadanos afectados por la indefinición.
En artículos anteriores, en la tribuna del Congreso local e incluso en entrevistas con los medios de comunicación he manifestado la necesidad de promover leyes y políticas públicas que armonicen y regulen de manera sustentable el crecimiento de nuestra gran metrópoli, que como lo sabemos en un ente de muchas cabezas en donde ha proliferado el desorden urbano por muchos años.
Un principio para el ordenamiento de las metrópolis es que cada municipio tenga claramente determinados sus límites territoriales, porque es la única manera de responsabilizar a las autoridades de la planeación urbana con sustentabilidad a mediano y largo plazo.
Un aspecto que parece congruente de esta decisión es que los resultados sean enviados al Congreso del Estado para que sean analizados y que sean puestos a consideración de los legisladores, respetando siempre lo que dictamine el acuerdo al que lleguen ambos municipios.
Como lo señalé anteriormente qué bueno es dar los primeros pasos para enfrentar los conflictos limítrofes, qué importante es que todo se haga en el marco de la ley y que cada poder y autoridad lo haga en el marco de sus facultades.
Por lo pronto bien vale dar el beneficio de la duda.