Con la sugerente frase “Las molestias son temporales; los beneficios son para siempre”, nuestras autoridades recurrentemente intentan estimular en los ciudadanos la tolerancia frente a las consecuencias negativas que recaen en la población por causa del desarrollo de tales obras públicas.
En la ciudad de Puebla se contabilizan ya casi cuatro años de importantes impactos ambientales, económicos y sociales asociados a la ejecución de obras públicas no planeadas, pero que no han merecido el cálculo de sus costos directos e indirectos sobre los ciudadanos. Todos los habitantes de la ciudad capital poblana hemos sido testigos y víctimas de las insultantemente absurdas decisiones gubernamentales de emprender obras públicas simultáneas sobre las vialidades poblanas en una misma zona; sin embargo los anunciados beneficios aún en las obras inauguradas están aún por descubrirse, al tiempo que a la población le sigue tocando pagar con molestias por adelantado sin garantía de compensación.
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El problema puede estar contenido en los siguientes escenarios: a). Los costos por afectaciones a la salud y calidad de vida de las personas y familias más sensibles, durante los tiempos en que se han aumentado las emisiones contaminantes (humos, gases y ruido) de los vehículos por razones de desvíos y congestionamientos de tráfico; b). Los gastos de recuperación de las micro y pequeñas empresas que viviendo apenas con las ventas del día, tienen que cerrar sus negocios por la ejecución y operación permanente de las obras; c). El aumento en el costo de movilización de las familias debido a las desviaciones en las rutas de transporte público; Los costos de competitividad y/o tiempos productivos perdidos en las unidades económicas por retrasos debido al congestionamiento vehicular y/o por los efectos de las transformaciones permanente en las vialidades.
Quizá el problema no alcance a ser percibido socialmente en su real dimensión, pero tampoco nos hemos detenido a evaluar y conocer las cifras; si lo hiciéramos probablemente tendríamos otra razón más para exigir a los gobernantes menos improvisación o si esto no es posible, la reparación del daño económico, ambiental, o a la calidad de vida sufrido. Si estas previsiones de la más básica justicia no están aún legisladas localmente, entonces podrían merecer una iniciativa en tal sentido por parte de los diputados en el congreso estatal, pues existe un principio inalienable en nuestra constitución sobre nuestro derecho a un ambiente sano. Independientemente de su temporalidad e intensidad, el que contamina paga.
Lo que es innegable es que por un camino van empujando los muy materiales intereses del ejecutivo estatal y por otro distinto y muy marginal, los cándidos intentos de la sociedad por aplicar sus instrumentos de planeación urbana. La obsesión por construir obras caras, ha impedido observar que la solución en la movilidad urbana de nuestra zona metropolitana no se encuentra en procurar cabida a más automóviles, sino en favorecer el desplazamiento ordenado de más personas. Las calles y avenidas no crecen en número ni en capacidad, al ritmo del crecimiento poblacional y de los vehículos circulando.
Adicionalmente, el soslayo de las autoridades a la necesidad de resolver integralmente el problema vial de nuestro Centro Histórico, nos hace recrear hoy los problemas de congestionamiento de carros que alguna vez tuvo la ciudad de Roma en el Siglo I de nuestra era, que llegó a prohibir la distribución de mercancías durante el día, provocando noches insufribles a sus habitantes.
Sigo pensando que gobernar no es sólo gastarse el dinero del pueblo en lo que al gobernante le venga en gana. Por los tiempos que van, las molestias (provocadas por las obras públicas fuera de planeación), son pagadas por la población, mientras los beneficios se los llevan los políticos.