“La estrategia futura debe contemplar como objetivo fortalecer al Estado para que sea capaz de imponer las reglas del juego, es decir, pintar una raya. El negocio de las drogas, a diferencia de la criminalidad local, no desaparecería, pero enfrentaría a un gobierno capaz de imponer la ley (es decir, la fuerza) a la primera de cambios. En esto, la diferencia…sería enorme porque el objetivo no sería erradicar al narco sino forzarlo a vivir en un entorno enteramente controlado por el Estado”.
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“Al concluir el mitin en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, los integrantes de la Asamblea Interuniversitaria llamaron a sus demás compañeros de todas las instituciones a nivel superior a “poner de rodillas al Estado””.
Durante las últimas semanas este espacio dedicado a pensar la educación parece haberse desviado hacia la política. La razón pareciera obvia pero resulta conveniente resaltarla: los acontecimientos nacionales del último mes y la enorme crisis del gobierno federal y los partidos políticos suscitada por ellos están íntimamente ligados a instituciones de educación superior.
Por una parte el paro de labores en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las protestas, marchas y reuniones con el Secretario de Gobernación que iniciaron con dos demandas muy específicas –la derogación del nuevo reglamento institucional y de los nuevos planes de estudio- y han ido creciendo y derivando en temas de carácter político en el que los estudiantes mantienen la suspensión de actividades académicas y han convocado ahora a un paro nacional para este miércoles 5 de noviembre.
Por otra parte, el asesinato de seis personas y la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa que ha suscitado una condena generalizada de la sociedad mexicana y de organismos y gobiernos internacionales, en la que han destacado las manifestaciones de universidades públicas y privadas de todo el país.
Ambos acontecimientos, que tienen como escenario dos instituciones públicas dedicadas a la formación profesional se han convertido de manera prácticamente viral en los catalizadores del descontento social frente a un gobierno federal que hasta hace un mes se autopromovía como visionario, eficiente y comprometido con el desarrollo del país a partir de las reformas estructurales logradas en el primer año y medio de su gestión y frente a un sistema de partidos políticos que ha demostrado que no importan las diferencias ideológicas o los principios y visiones distintas de país cuando se trata de defender intereses y prerrogativas económicas.
Se ha hablado y escrito mucho en los últimos tiempos acerca de la debilidad del Estado –incluso mencionando el término de “Estado fallido”- como causa fundamental de los graves problemas de delincuencia organizada y violencia creciente en todo el territorio nacional con manifestaciones críticas como la de Ayotzinapa, en varios estados de la república.
En efecto, parece que la causa fundamental del fracaso en el combate a los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia en general es la forma en que estas organizaciones han ido penetrando –literalmente colonizando, como si de un cáncer se tratara- las instituciones y los órganos del Estado. El caso de Iguala ilustra de una manera dramática el hecho de que ya no estamos frente a organizaciones de la delincuencia que no pueden ser controladas por las instituciones o que amenazan o compran a gobernantes sino que hemos llegado a un escenario en el que las instituciones mismas están controladas desde dentro por miembros de estas organizaciones criminales.
Esta situación de debilitamiento del Estado debiera conducir a una exigencia y un trabajo de la sociedad toda dirigido al fortalecimiento de las instituciones, a la reestructuración y reconstrucción de un Estado democrático, transparente, fuerte y eficiente en su tarea de imponer las reglas del juego a todos los individuos y grupos que viven en el país.
Sin embargo, ante la crisis del Estado –que es mencionada incluso como razón para decir que en las desapariciones forzadas de los normalistas, la responsabilidad es del Estado- los universitarios del Politécnico lanzan un llamado al paro nacional para “poner de rodillas al Estado”.
De manera que el Estado que ya se encuentra de rodillas frente al crimen organizado al que se muestra totalmente incapaz de someter a las reglas del Derecho, enfrenta ahora a grupos de universitarios que quieren ponerlo también de rodillas ante una sociedad enojada, desesperada que empieza en ciertos momentos y sectores también a violar la ley y a generar violencia con el argumento de “hacerse justicia por su propia mano”.
Un problema que origina este llamado sin sentido es que muchas personas parecen identificar al Estado con el gobierno federal y más concretamente con Enrique Peña Nieto. No resulta raro entonces que el llamado a “poner de rodillas al Estado” se esté complementando en las redes sociales con la petición de la renuncia del presidente de la república, aunque la gente que se suma a esta causa no tenga ni idea de las implicaciones que esta renuncia podría tener para agravar aún más la situación.
Pero si entendemos que el Estado es la “…sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior…” deberíamos llegar a la conclusión de que la única posibilidad de encontrar la salida de esta situación de deterioro progresivo en la que nos encontramos sería la de trabajar por el fortalecimiento del Estado (que también está formado por nosotros como sociedad) para ponerlo de pie y evitar que vuelva a vivir arrodillado ante la delincuencia organizada.