La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla fue modificada válidamente en la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado para cumplir con un mandato considerado a su vez en una reforma previa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que exigía a las entidades federativas “empataran” sus procesos electorales locales con los comicios federales.
Así, se definieron la duración de los mandatos que por excepción tendrían la LIX Legislatura y los 217 Ayuntamientos de Puebla. Por única ocasión durarían en su encargo 4 años y 8 meses. La próxima legislatura y los próximos ayuntamientos serán electos en la jornada electoral del año 2018, cuando también elegiremos Presidente de la República y legisladores federales.
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Para el caso de la gubernatura, el mecanismo definido por los diputados y avalado en su momento por todos los municipios en su rol de Constituyente Permanente, fue limitar la duración del mandato del próximo titular del Poder Ejecutivo a un periodo –por única ocasión- de un año y 8 meses.
Así, los poblanos y poblanas deberemos acudir a las urnas en el año de 2016 a elegir exclusivamente al próximo Gobernador y en el año 2018 al siguiente, quien obviamente durará ya los 6 años contemplados ordinariamente en la Constitución.
Es decir, nuestras próximas citas con las urnas son: 2015, Diputados al H. Congreso de la Unión; 2016, Gobernador para el periodo de un año y 8 meses; 2018, concurrentes federales –Presidente de la República, Senadores y Diputados federales- y locales –Gobernador, Diputados locales e integrantes de Ayuntamientos-.
En su momento respaldaron este planteamiento una abrumadora mayoría de los integrantes del Poder Legislativo y no se manifestó en contra, que yo recuerde, ninguno de los ayuntamientos del Estado. Fue el mecanismo más adecuado que se encontró para cumplir con la exigencia federal y al mismo tiempo mantener la institucionalidad en las autoridades locales.
En las últimas fechas ha comenzado a circular el rumor de que este arreglo constitucional sería modificado en el sentido de ampliar el mandato del Gobernador electo en 2016 para que dure 4 años y 8 meses y no el año y 8 meses ya descrito. De esta manera, el empalme con la elección federal se llevaría hasta el 2021 y no el 18.
Lo que llama la atención en estas versiones periodísticas, aún no confirmadas por ningún actor político, es el motivo para esta presunta modificación: no sería por considerar más ventajoso un periodo mayor para la administración local, o por alguna otra razón de fondo. No. La motivación procedería de un cálculo estrictamente electoral. “Porque nos conviene”. “Para llegar mejor posicionados.” “Porque nuestros gallos no crecen…” En fin, una visión particular, partidista y no una visión de estado, general, amplia.
Por otro lado, el hecho mismo de que surgiera la iniciativa formal reflejaría un desprecio a las instituciones, al principio de división de poderes y a la ley. “Si la ley no se amolda a mis planes y propósitos, cambiemos la ley.” “Si hicimos que dijera A, ahora queremos que diga B.” “Si tenemos la mayoría, usémosla.” Las reformas a la Constitución como si fueran muda de ropa.
Si estos rumores se confirman y en las próximas semanas o meses alguien con la facultad para ello, presenta una iniciativa de reforma a la Constitución en este sentido, el Partido Acción Nacional desde luego debe rechazarla.
Porque sus diputados en la Legislatura pasada, con argumentos y votos, defendieron el planteamiento actual; porque Acción Nacional debe ser el principal promotor de la dignidad del Congreso y de procurar su decoro. Porque hemos sido enemigos de modificar la ley fundamental por caprichos y cálculos políticos. Porque siempre hemos enarbolado que antes del interés particular está el interés general.
Regidor del H. Ayuntamiento de Puebla
juan.espina@pueblacapital.gob.mx
@juancespina
FB JuanCarlos.Espina.90