El domingo 15 de julio se llevaron a cabo las elecciones para elegir al presidente de Colombia quien durará en el cargo cuatro años. La principal característica de este proceso es la segunda vuelta en la elección presidencial y la posibilidad de reelección del ejecutivo.
En la primera vuelta el 25 de mayo participaron cinco candidatos, Óscar Iván Zuluaga, María Lucía Ramírez, Clara López Obregón, Enrique Peñaloza y el actual presidente Juan Manuel Santos.
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De acuerdo a los resultados de esta primera elección Zuluaga y Santos obtuvieron los dos primeros lugares con el 29.25% y el 25.69% .
El perfil de ambos candidatos es diferente, Santos buscaba su segundo periodo al frente del gobierno colombiano, y su principal propuesta es concretar un arreglo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC). Mientras que a Zuluaga se le vincula con las fuerzas de derecha, principalmente como colaborador del ex-presidente Uribe antiguo mentor de Santos. El alumno superó al maestro, pues Santos logró en la segunda vuelta el 51 por ciento de los votos, los suficientes para alcanzar la reelección y para lo cual contó también con el voto independiente y de izquierda. Sin embargo, hay que destacar que en esta segunda vuelta, votaron 16 millones de los 33 millones de colombianos que debían hacerlo. Además el voto blanco o voto nulo alcanzó el 4 por ciento, lo cual habla de la crisis de representación y credibilidad que viven la clase política y los partidos en America Latina.
Al analizar el proceso de dos vueltas en la elección presidencial en Colombia, un país que no ha logrado concretar la paz nos parece interesante analizar porque en México en la pasada reforma política esta figura fue desechada por los principales partidos políticos en el pacto por Mexico y en su lugar se aprobó la posible formación de un gobierno de coalición, que es característico de un régimen parlamentario, siendo el nuestro un sistema federalista y eminentemente presidencial.
México se encuentra en una coyuntura histórica en la que la lucha contra el narcotráfico y el restablecimiento de la paz social y la seguridad siguen siendo prioritarias para la sociedad mexicana, aunado a un pobre crecimiento de la economía lo que ha generado incertidumbre entre la sociedad, los sectores empresarial y financiero nacional y extranjero, a pesar de los mensajes del gobierno federal de un escenario propicio para la inversión y la promesa permanente de que las reformas promovidas, garantizan el mejoramiento de la población en el mediano y largo plazo.
En nuestro país se ha discutido la posibilidad de instrumentar la segunda vuelta electoral, incluso desde el sexenio de Calderón; sin embargo, en aquel entonces tampoco tuvo eco entre los principales actores políticos. Tal parece que hoy los astros partidistas se alinearon y que el tripartidismo PRI, PAN, PRD con la reforma política buscan garantizar su participación en la futura conformación del gobierno federal, sabedores que la etapa de gobiernos divididos en México, dicen ellos, llegó para quedarse, salvo que en la elección del 2018 los ciudadanos decidan darle la presidencia y el congreso a un solo instituto político diferente al PRI, PAN o PRD, lo cual parece francamente difícil aunque no imposible, dado que hoy la consolidación de las clientelas electorales de estos tres partidos y la falta de mecanismos de democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular fueron rechazados por la partidocracia mexicana.
La reforma política ya se aprobó y no se hizo mención de ninguna de estas herramientas de la democracia participativa, a pesar de que se consolidó la consulta popular, la cual para ser realidad, tiene que superar una serie de candados que la hacen procedimentalmente inviable. Aunque hoy el principal tema a consultar sea la reforma energética. La falta de resultados en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, pudiera ser en el 2018 la demanda prioritaria para los electores mexicanos, de seguir con esta tendencia a la alza, aunque vale la pena decirlo este asunto de la violencia social, no es una preocupación sólo de Mexico y Colombia sino una realidad en America Latina. Sin embargo, con la reforma política, el PRI convenció al PRD y al PAN de que su vocación histórica por lograr el bienestar social y el bien común, sólo será posible compartiendo el poder político y el presupuesto. Si lo logran, el pueblo mexicano se los reconocerá, aunque si no lo logran, no se los podrá reclamar en las urnas. La solución será conformar un gobierno de coalición. Así las cosas, los electores seguirán siendo compañeros de viaje pero no de itacate.