“¿Cómo es posible que hayamos permitido algo así? Lo importante, ahora que sabemos la dimensión del problema, es actuar, pues revelar no es resolver”.
Claudio X. González Guajardo. El robo del siglo, ¡Cada año! En Reforma.
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La pregunta se volvió “viral” –como se dice hoy en el lenguaje de las redes sociales- y bien a bien todavía no puede ser contestada: “¿Cuántos maestros hay en el sistema educativo nacional?” preguntó el periodista Carlos Loret de Mola a Elba Esther Gordillo y al Mtro. Alonso Lujambio, Presidenta vitalicia del SNTE y Secretario de Educación Pública respectivamente en el momento en que se realizó el polémico documental De panzazo. Ni el funcionario encargado de la conducción de la educación en el país ni la entonces poderosa lideresa magisterial pudieron dar una cifra que respondiera a este cuestionamiento.
La presión social y las campañas que se realizaron a partir de esta pregunta sin respuesta lograron que a fines de 2012, el presidente Peña Nieto decidiera la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial cuyos resultados acaban de ser presentados por el INEGI y la SEP y pueden ser consultados en esta liga.
Aunque como sociedad intuíamos de alguna manera lo que podría arrojar el censo dada la información pública que existía sobre la enorme corrupción imperante en el asunto de las plazas de docentes y directores y la existencia de un número enorme de comisionados sindicales, los resultados no han podido ser más terribles y preocupantes.
Según la síntesis que plantea el artículo de Claudio X. González Guajardo en Reforma:
“-39,222 personas asignadas a una escuela en la que nadie las conoce (aviadores);
-30,695 personas que cobran como maestros pero en realidad trabajan para el SNTE o la CNTE (comisionados);
-113,259 personas que cobran en una escuela pero están ubicados "en otro centro de trabajo" (tránsfugas); y,
-114,998 personas que reciben pagos como maestros en activo, pero lo hacen a nombre de personas que ya se jubilaron, retiraron o fallecieron.
En total, se paga con fondos destinados a la educación a 298,174 personas que no laboran en el plantel escolar al que se asigna su pago…”
Otros datos consignados por Sandra Aguilera Arriaga en Educación contracorriente el domingo 6 de abril señalan que:
“…al menos 65 mil 800 trabajadores de la educación no tienen plaza. De ellos, 53 mil 386 son maestros frente a grupo, mil 507 son directores, 4 mil 884 laboran como profesor y director y 7 mil 739 son docentes en apoyo educativo, que incluyen a los asesores técnico pedagógicos. En contraste, 97 mil 479 tienen cuatro o más plazas, de los cuales más de 90 mil son profesores con alumnos, 613 directores y más de 7 mil 771 son docentes de apoyo a la labor educativa.
Otros 41 mil tienen hasta tres plazas; 103 mil 884 de quienes se desempeñan en funciones administrativas y docentes tienen dos plazas, y 851 mil sólo tienen una. De éstos, 672 mil 248 corresponde a docentes frente a grupo. Se estima que en total un millón 94 mil 308 integrantes del personal educativo nacional tiene una plaza…”
Según las cifras totales, en el país existen dos millones 247 mil 279 trabajadores de la educación de los cuales solamente un millón 128 mil 319, es decir, aproximadamente el 50% de quienes trabajan en el sistema educativo son profesores frente a grupo.
Estos son los resultados de la encuesta en lo referente al personal que trabaja en el sistema educativo sin tomar en cuenta el 27% de escuelas que no pudo censarse en Oaxaca y Michoacán y el 41% en Chiapas debido a la oposición de los organismos magisteriales, lo cual significa alrededor del 9% de las escuelas a nivel nacional. Las cifras exigen un análisis pormenorizado para poder tener una radiografía lo más completa posible del estado que guarda la organización de la educación en nuestro país a partir de este estudio realizado por el INEGI.
De entrada se refuerza la conclusión mencionada la semana pasada en este espacio: el problema de la pésima calidad de nuestra educación no tiene que ver con el monto de recursos económicos que se destinan a la educación -5.5% del PIB y alrededor de 23% del total del gasto público según un artículo de Jorge Javier Romero en Educación futura – sino en la forma en que se gastan estos recursos.
Algunas otras conclusiones que resultan evidentes a partir de estos datos sobre los trabajadores de la educación. En primer lugar, que no será posible construir un sistema educativo de calidad mientras se destinen –según cálculos conservadores de González Guajardo- 35 mil millones de pesos anuales a pagos de personas que aparecen en la nómina pero no trabajan en las escuelas que por otra parte están necesitadas de recursos para infraestructura básica y equipamiento y de personal eficiente y comprometido con el aprendizaje de los educandos.
En segundo lugar puede verse también con claridad que resulta urgente una revisión y reestructuración de la forma en que están distribuidas las plazas docentes puesto que el sistema de ventas, herencias y negociación de plazas controlado por el SNTE y la CNTE hasta ahora ha generado una enorme inequidad que beneficia a las personas que se alinean políticamente –con el otorgamiento de dos, tres o hasta cuatro plazas- y afecta a los profesores verdaderamente comprometidos con la educación.
Una tercera evidencia es que tenemos un sistema educativo hiperburocrático. No será posible mejorar la calidad mientras exista un empleado administrativo por cada docente frente a grupo.
Finalmente, como afirma el mismo artículo de González Guajardo, revelar no es resolver y las terribles revelaciones que surgen a partir del censo tienen que llevar a decisiones radicales para corregir esta situación de fraude y deshonestidad que rigen hasta hoy nuestro sistema educativo enviando un mensaje de inmoralidad absoluta a los futuros ciudadanos que se están formando en las aulas.
La sociedad mexicana no puede permitir que las cosas sigan igual y que después del relativo escándalo generado por el censo no pase nada.
La pregunta está en el aire. Después del censo: ¿Resignación o decisiones?