En el pasado mes de noviembre, el gobierno federal publicó la Estrategia Digital Nacional, como un instrumento de política pública para facilitar el acceso y mejor aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Este documento responde a una demanda de diversos actores en el sector TIC desde los primeros años de este siglo. A pesar de los avances que se lograron durante el período presidencial de Vicente Fox en materia TIC, principalmente como resultado de la Agenda de Buen Gobierno y el programa e-México, los actores en el sector siempre criticaron la falta de este documento. Todo mundo esperó en vano que este documento rector se concretara durante el período de Felipe Calderón, ya que el énfasis que se había puesto en el sector durante los primeros 6 años del siglo se desvaneció durante los siguientes 6, y el país mostró un retroceso en términos de indicadores internacionales de uso de tecnologías en el gobierno y en el sector privado. Los actores del sector desarrollaron varias propuestas que en su momento fueron puestas a la consideración de la opinión pública y del mismo gobierno digital sin obtener el éxito esperado. Este retroceso ha sido siempre asociado con el retroceso que hemos venido experimentando como país en términos de competitividad. Así, parece un logro importante el haber publicado este documento al finalizar el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto… pero, ¿qué hay de nuevo en este documento? En realidad, no mucho.
En términos de los objetivos estratégicos incluidos en la propuesta, se mantienen los temas introducidos en el 2001 como parte del programa e-México, adicionando la preocupación por la seguridad ciudadana que vimos nacer en los últimos años. Esto es, la Estrategia Digital Nacional incluye sus propias versiones de las líneas estratégicas de contenido del programa e-México, que eran e-Gobierno, e-Salud, e-Educación y e-Economía. A través de estos programas, se propone principalmente incrementar el uso de TICs para mejorar los servicios y la apertura en el gobierno, promover la industria de servicios TIC, mejorar la productividad y el uso de instrumentos financieros, promover el comercio electrónico, equipar escuelas, desarrollar sistemas de información para integrar mejor el sector salud, y otros objetivos también incluidos en el programa e-México.
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Más aún la Estrategia Digital Nacional sigue atribuyendo a las TIC un carácter más o menos mágico. Esto es, el supuesto básico es que loa adopción extendida de las nuevas TIC en el sector productivo y en general en la sociedad va a traer una serie de consecuencias benéficas para el país en términos de competitividad, productividad y calidad de vida en general. En la realidad, estos beneficios requieren para capitalizarse una modificación importante en las prácticas productivas de las organizaciones, en los procesos de desarrollo de política pública en el gobierno y otras transformaciones contextuales como el tener mejores niveles educativos o mejores marcos legales y regulatorios. Si no se pone atención específica a estos otros factores, la investigación sugiere que los beneficios prometidos pueden tardar en llegar entre 5 y 10 años después del inicio de la inversión.
Con esto no quiero decir que este sea un documento inservible o que sería mejor usar nuestro tiempo y recursos en otras áreas de mayor importancia, pero ciertamente las similitudes de esta estrategia y un programa lanzado en el 2001 sugiere que no hemos avanzado mucho en los últimos 10 ó 12 años, o al menos que la falta de continuidad en el esfuerzo nos hizo regresar prácticamente a la primera casilla para volver a empezar. Como sociedad, deberíamos preguntarnos qué fue lo que sucedió mal para no repetirlo, y qué faltó en el primer intento para llevarlo a cabo en esta ocasión. Más aún, deberíamos tratar de entender mejor las transformaciones necesarias hacia el interior de las organizaciones, así como en el marco institucional. A nivel individual, debemos buscar la forma en la que podemos contribuir y empezar a hacerlo. De otro modo, corremos el riesgo de que los 5 ó 10 años necesarios para ver los beneficios de esta iniciativa, se conviertan en 20 ó más años de continuos intentos de avance y retroceso.