La semana anterior en Cámara de Diputad@s aprobamos una reforma que eleva a rango constitucional, la pensión universal y el seguro del desempleo, ello significa, la garantía en el ejercicio de derechos sociales plasmados en nuestra Constitución, fundamentalmente en beneficio de las personas más vulnerables y aquellas que más lo necesitan.
Se prevé que a partir del año 2014, más de 7 millones de adult@s mayores de 65 años tengan garantizado un apoyo financiero para sufragar sus gastos básicos de manutención que les permita una vida digna.
Más artículos del autor
Y esto tiene que ver con un fenómeno poblacional en el que México está inmerso. El proceso de envejecimiento en nuestro país, que nos indica que México empieza a perder su forma triangular -característica de una población joven- para adquirir un perfil rectangular -abultado en la cúspide- propio de las poblaciones envejecidas.
Este proceso de envejecimiento no es reversible. México se está transformando paulatinamente en un país con más viejos que niños. Las personas nacidas entre 1960 y 1980 ingresarán al grupo de 60 años y más a partir de 2020, lo que refleja un aumento en las proporciones de adultos mayores, que en el año 2000 fue de alrededor de 7.0% y que para 2020 se incrementará a 12.5% y a 28% en el 2050.
Este proceso tiene que ver –entre otros factores- con el aumento de la esperanza de vida de los mexicanos que en los años 40`s era de 43.5 y actualmente es de 76.4 años. Por supuesto la vejez tiene un rostro mayoritariamente femenino. [1]
En el año 2000 residían en México 6.9 millones de personas de 60 años y más, CONAPO proyecta que para 2030 serán 22.2 millones y a la mitad del siglo alcanzarán una cifra de 36.2 millones. Este incremento ocurrirá a partir del año 2020.
De ahí la importancia de esta reforma constitucional, base -en este rubro- de la reforma hacendaria recientemente aprobada, -hoy en Cámara de Senador@s para su revisión- que si sólo retomáramos ésta parte de la misma, demostramos el carácter social de la misma, ya que si partimos de la proyección de CONAPO, de que el incremento en la población adulta mayor ocurrirá a partir del año 2020, podemos dar cuenta de que sólo tenemos siete años para preparar las condiciones que permitan encarar adecuadamente este proceso que implica la previsión desde nuestra alimentación, economía y fundamentalmente de un sistema de seguridad social que deberá atender de manera efectiva a un sector de la población que experimentará deterioros funcionales, incapacidades, discapacidades, problemas de salud, entre otros, ya que seremos muchos ancianos/as y un alto porcentaje de ellos no cuentan con seguridad social y mucho menos con una pensión.
Esta reforma constitucional, permitirá al Gobierno Federal diseñar la serie de acciones de política pública para enfrentar este proceso. La reforma hacendaria aprobada incorpora ya la previsión de este tema.
Y en su momento, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, que las/os diputados aprobaremos antes del 15 de noviembre, deberemos asegurar el financiamiento suficiente para instrumentar esta reforma.
Esta reforma constitucional incluye también el seguro de desempleo, que permitirá reducir efectos económicos y sociales a hombres y mujeres, por alguna eventual pérdida del empleo; pero es importante precisar que su financiamiento básico no será a costa de las aportaciones al Infonavit, -como han querido desvirtuar algunas voces- sino solamente en una proporción de 0.25%, el resto se define en la ley del seguro social y su administración estará a cargo del IMSS.
Todas estas medidas permitirán avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social universal y demuestran la responsabilidad en el ejercicio de gobernar del presidente Enrique Peña Nieto.
[1] Transición demográfica en México. CONAPO
Correo electrónico: rociog@prodigy.net.mx
Tuiter:@rgolmedo
Facebook: Palabra de Mujer Atlixco