Alumnos denuncian firmas forzadas tras protestas en Tec de Teziutlán

Nuevos testimonios de alumnos denunciaron condicionamiento, intimidación y firmas forzadas tras participar en protestas en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.

Lo que inició como una manifestación estudiantil por presuntas carencias académicas y administrativas ha escalado a un señalamiento de mayor gravedad: posibles violaciones a derechos humanos al interior del plantel.

De acuerdo con los testimonios recabados, estudiantes señalaron a la directora, Arantxa Roldán Arellano, así como a jefes de carrera, de haber incurrido en actos de intimidación, amenazas de baja académica y presunta coacción para obligarlos a desistir de sus manifestaciones.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 18 de marzo, cuando directivos ingresaron a las aulas para confrontar a los alumnos que participaron en la protesta.

Aunque inicialmente se planteó un diálogo sobre las inconformidades, los testimonios coinciden en que la postura institucional cambió hacia un tono de presión.

"Nos dijeron que podíamos tener consecuencias, que incluso nos darían de baja por participar", relataron estudiantes.

Uno de los señalamientos más delicados apunta a la presunta privación momentánea de la libertad dentro del aula, al condicionar la salida de los alumnos a la firma de un documento.

"Nos hicieron firmar una hoja y nos dijeron que hasta que no firmáramos no podíamos salir", denunciaron.

Estos testimonios se suman a otros previamente dados, en los que se advertían presuntas irregularidades, presiones internas y un ambiente de inconformidad creciente dentro de la institución.

De confirmarse este tipo de prácticas, podrían constituir no solo faltas administrativas graves, sino posibles violaciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la educación y la libre manifestación, además de eventuales actos de coerción dentro de una institución pública.

Especialistas en materia educativa y de derechos humanos advirtieron que cualquier medida que condicione la permanencia académica por ejercer el derecho a la protesta podría ser considerada arbitraria e ilegal.

La situación generó temor entre la comunidad estudiantil; varios alumnos han optado por mantenerse en el anonimato ante el riesgo de represalias directas.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento la dirección encabezada por Roldán Arellano no ha emitido un posicionamiento, ni ha desmentido los señalamientos.

El caso escaló en la opinión pública, donde ya los pobladores exigen la intervención de organismos de derechos humanos y autoridades educativas para investigar lo ocurrido y garantizar la protección de los estudiantes. (BH)