Salinas Pliego sí pagará más de 32 mil mdp al SAT… pero en abonos

Grupo Salinas, conglomerado empresarial que encabeza Ricardo Salinas Pliego, informó este jueves que daba por terminados sus litigios fiscales con el gobierno de México aceptando pagar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos como parte de su adeudo fiscal.

Dicha información fue confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que mediante un comunicado señaló que en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables Grupo Salinas pagaría la cantidad señalada, de la cual 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y el restante sería cubierto en 18 pagos.

En respuesta, el conglomerado señaló mediante un comunicado en su cuenta de X que con esto “se ponía fin a una persecución en su contra”.

Señala también que: “Con este pago —que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024— habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

En el mismo boletín la compañía asegura que en los últimos 20 años han aportado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales.

El pleito fiscal entre Ricardo Salinas Pliego y el SAT

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano y propietario de Grupo Salinas, ha sido protagonista de una disputa fiscal prolongada con el Gobierno de México que gira en torno al pago de impuestos que las autoridades consideran adeudados por sus empresas, especialmente Elektra, correspondientes a ejercicios fiscales del periodo 2008-2013.

El conflicto, iniciado hace más de una década, se ha desarrollado en múltiples instancias judiciales e implicado créditos fiscales que, con actualizaciones y recargos, suman miles de millones de pesos reclamados por el SAT.

Durante los últimos años, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó varios de los cargos fiscales que el SAT había determinado contra las firmas de Salinas Pliego, ratificando la obligación de saldar adeudos acumulados por impuestos y recargos que datan de ejercicios fiscales antiguos.

El pleito tuvo también un componente político y mediático, en el que figuras del entorno gubernamental defendieron que el cobro de impuestos se basó en auditorías técnicas del SAT, mientras que la parte empresarial recurrió a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para cuestionar el trato recibido. (MCJ)