Estado y federación ignoran denuncia de mujer violentada por ministeriales

En este “tiempo de mujeres que alzan la voz contra la injusticia”, una poblana denunció haber sido víctima de detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas por parte de policías estatales en la entidad, llevando 12 años sin tener justicia.

El 29 de julio de 2013, una mujer fue detenida de manera injustificada por policías estatales en Puebla. Durante un operativo, los agentes le sembraron cocaína y la sometieron a actos de tortura, para después ser trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, donde permaneció un año y medio, perdiendo la custodia de sus hijos.

“Yo iba con mis hijos en la calle y me levantaron sin motivo, sin ninguna denuncia, sin orden de aprehensión, sin nada existente”, declaró la víctima.

Los elementos que participaron en la detención, de acuerdo con el testimonio, fueron María Venus Márquez Pérez, Erick Manuel Gómez Pérez y Sabino Gómez Muñoz, enviados por Sixto Hernández Ramón, adscrito en su momento a la corporación de la Policía Preventiva.

La mujer fue golpeada con armas, puñetazos, cachetadas, jalones de cabello y sometida a insultos frente a otras mujeres y hombres, integrantes de la corporación policiaca, manteniéndola secuestrada por horas en las calles de la ciudad para luego ser trasladada sin documentación al área Antidrogas en Cholula.

Durante la detención, su hija de 14 años, también fue violentada por los agentes. Ambas permanecieron retenidas por varias horas sin explicación, y trasladadas después a distintas instalaciones.

La menor fue detenida por tres días, sufriendo violencia física, verbal, emocional y psicológica, en lo que la madre describe como un acto “atroz”. En esta agresión participó desde el director hasta los guardias de la unidad de Antidrogas de Cholula.

Un proceso penal sin pruebas y una sentencia injusta

A pesar de no haber denuncias previas ni pruebas incriminatorias, la mujer fue acusada por el delito de narcomenudeo, específicamente por posesión de cocaína con fines de suministro, por lo que estuvo un año y medio recluida en el penal de San Miguel, enfrentando una sentencia inicial de 10 años que finalmente fue anulada tras comprobar su inocencia.

“Imagínese estar en el penal, de ser una madre de casa, a estar sentenciada. Me daban una sentencia de 10 años, de 10 años, pero sólo estuve un año y medio, pero ese tiempo nadie me lo va a recuperar. Ni lo psicológico, ni lo emocional, ni lo económico, ni nada”, declaró.

Durante su estancia en prisión, perdió la custodia de sus hijos, así como el acceso a la pensión alimentaria, por lo que el padre de sus hijos, quien trabaja como comandante policiaco, aprovechó la situación a su favor en el proceso de divorcio.

“Todo sale a favor de él porque en el expediente ingresa que yo estuve en el penal, que yo estuve en el penal procesada por drogas y que no era apta para tener a mis hijos”, mencionó.

Nexos entre los agresores y autoridades de alto nivel

La víctima asegura que los policías que participaron en su detención estaban vinculados a Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal y secretario de Seguridad Pública de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Ella también señala que su expareja tenía cercanía con autoridades del momento, lo que obstaculizó la búsqueda de justicia: “Él pagaba todo para que mis pruebas fueran evadidas. Pero la mentira nunca va a ganar”.

Denuncias sin respuesta y omisiones de la Fiscalía

Desde 2019, la mujer presentó múltiples denuncias ante distintas instancias sin obtener justicia, entre las cuales se encuentran la Presidencia de la República, la Comisión de Derechos Humanos (CDH), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Puebla, y la última, al gobernador del estado Alejandro Armenta.

“Le mandé al licenciado Armenta, al gobernador, le mandé mi carta para que me ayudara, que la fiscalía me pudiera pasar al área de tortura. Y me recibió la fiscalía para hacer la denuncia, pero dicen que no porque hacen falta muchas pruebas. Y porque aparte el jurado donde se llevó mi proceso del penal, no contesta, no se le da la gana, no quiere mandar las copias”, declaró.

A pesar de que los policías fueron identificados durante un careo y hay testigos que presenciaron la detención violenta, la fiscalía califico el expediente como insuficiente.

“Me dicen que no pueden hacer nada porque no tengo suficientes pruebas. ¿Entonces cuáles son las pruebas para ellos?”, mencionó.

Tras 12 años de haber sido privada injustamente de su libertad, torturada y despojada de la custodia de sus hijos, la mujer sigue buscando que las autoridades hagan algo por su caso. (PSR)