Transportistas piden tolerancia: no hay dinero para modernizar unidades

Berenice Uribe, representante del Gremio Transportista de Puebla, solicitó a la Secretaría de Movilidad y Transporte evaluar una excepción a la ley para que unidades de transporte público con más de diez años de antigüedad puedan seguir operando tras la revista vehicular. Argumentó que muchos concesionarios "no tienen los recursos" para sustituir sus combis o vans por autobuses eléctricos.

Así lo declaró al término de una asamblea que reunió a concesionarios de todo el estado, quienes están conformando una asociación con aproximadamente 5 mil prestadores del servicio, aunque en esta ocasión asistieron cerca de 800.

Uribe explicó que en municipios del interior del estado, como Atlixco e Izúcar de Matamoros, "tenemos unidades que pueden durar hasta quince años". No obstante, aclaró que la solicitud no es general, sino que se busca realizar un estudio en aquellas regiones donde se pueda apoyar a familias de menores ingresos.

En este contexto, Salvador Pérez Pérez, concesionario de Izúcar de Matamoros, pidió que en la renovación vehicular, el gobierno estatal permita la contratación de créditos de Nafin para adquirir combis, vans y vehículos diésel, y no únicamente autobuses eléctricos.

"Es algo que el gobierno no está tomando en cuenta", advirtió el transportista, al señalar que la opción de comprar vehículos de menor capacidad ha sido excluida, a pesar de que representan la mayor parte del transporte público en el interior del estado.

Por otro lado, los concesionarios recordaron que, en numerosas ocasiones, ellos son penalizados por el mal servicio y la falta de profesionalismo de los conductores. Si bien son responsables de contratarlos, no pueden ser responsabilizados por completo por sus acciones.

Uribe, originaria de Tetela de Ocampo, relató que uno de los choferes involucrados en las "carreritas" en el Estadio Cuauhtémoc ya está operando en otra ruta, mientras que el dueño de la concesión se quedó sin nada.

Ante esto, los transportistas exigen que las sanciones sean dirigidas a los choferes y no a los propietarios de las concesiones, pues afectan directamente su patrimonio.

Asimismo, solicitaron al gobierno estatal implementar cursos de capacitación para los conductores del transporte público, con el fin de prevenir incidentes que han deteriorado la imagen de los concesionarios poblanos, como atropellamientos y choques. (PSR)