El pleno de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Uriel Carmona, fiscal de Morelos, al considerar que dicho funcionario no tiene la inmunidad procesal prevista en el artículo 111 constitucional para otros servidores públicos.

Grupos parlamentarios de la oposición denunciaron una persecución política y advirtieron que Carmona cuenta con suspensión definitiva expedida por un juez federal que impide a legisladores emitir una resolución sobre el caso, por lo que hacerlo significa incurrir en el delito de desacato, sancionado con penas de tres a nueve años de prisión.

El 15 de diciembre de 2020 el Ministerio Público Federal presentó una solicitud de declaración de procedencia contra el fiscal de Morelos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Ello, por no aprobar las evaluaciones de control y confianza indispensables para ocupar el cargo, así como designar a servidores públicos que tampoco pasaron por dichos exámenes.

De acuerdo con la resolución aprobada por la Sección Instructora de la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, Uriel Carmona no tiene inmunidad procesal penal federal, por tanto, no es destinatario de las disposiciones procesales contenidas en el artículo 111 de la Constitución Federal.

El diputado Marcos Medina, a nombre de Morena, defendió la resolución y reprobó a los gobiernos del PRI y del PAN que heredaron “fiscales a modo” en diversos estados.

Por el PAN, el legislador José Elías Lixa sostuvo que su bancada no defiende a ningún fiscal, sino que evitan que la mayoría de Morena y sus aliados cometan una falta jurídica.