Una serie de cuartos de tablaroca para alquilarlos a internos con poder económico, así como un problema de prostitución desbordada pese a la pandemia, fueron parte de los problemas que generaron el exsecretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, y su equipo en el Cereso de San Miguel.

Así lo dio a conocer este lunes el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien en su rueda de prensa matutina se refirió a los problemas en el Cereso de San Miguel, luego de que el pasado 6 de junio un interno logró fugarse de este penal en la capital poblana.

Barbosa Huerta confirmó que este día se llevará a cabo la audiencia en la que se decidirá la situación legal de los 18 detenidos por la evasión del preso, de los cuales 17 son trabajadores del sistema penitenciario, incluidos el director y subdirector del penal.

El mandatario señaló que no tiene información sobre el proceso y a pesar de los señalamientos de las familias de supuesta injerencia sobre el Poder Judicial, será el juez de control quien determine si los custodios serán liberados o apresados.

El gobernador aprovechó para dar cuenta de otras actividades asociadas con el Cereso de San Miguel, pues confirmó que con Raciel López Salazar en la SSP, se toleró la instalación de cuartos en la explanada del penal, que tenían un costo de alquiler de hasta 2 mil 500 pesos por noche.

Estos espacios también eran usados como "hotel", pues aunque en su momento nunca se refirió a estos problemas, el mandatario confirmó que durante la pandemia se permitió indistintamente el acceso de sexoservidoras y la visita conyugal al penal, todo condicionado con un previo pago.

Informó que estos cuartos ya fueron demolidos y que se trabaja constantemente en la erradicación de los diferentes vicios detectados en el penal, además de que advirtió que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por lo que la construcción de los cuartos ameritó una denuncia penal.


En septiembre del 2020, e-consulta publicó un reportaje en el cual daba cuenta de la creación de estos cuartos y del tipo de personas que los rentaban para tener un espacio privado lleno de comodidades.

En la información publicada, se dio cuenta del caso de Álvaro Uriel Flores Meneses, un reo del Cereso de Puebla, internado en 2012, acusado del homicidio de su prima de 23 años de edad.


Aunque cumplía su pase de lista en el Dormitorio "P" de San Miguel, en realidad era uno de los residentes de estos cuartos ubicados en la explanada del penal, cuya renta era de 10 a 15 mil pesos mensuales y le permitan tener una pantalla, estéreo, baño particular y hasta una consola de videojuegos Xbox.

En su momento esta situación fue ignorada por las autoridades y tolerada por Raciel López Salazar, así como por el personal penitenciario que en su momento trabajó con él dentro del penal de Puebla.