Guillermo Aréchiga Santamaría, quien fuera hasta este jueves Secretario de Movilidad y Transporte en Puebla estuvo detrás de proyectos inconclusos y denuncias de extorsión en municipios como Atlixco, Tehuacán, San Andrés Cholula, Ajalpan, Acatlán, entre otros.

La modernización del transporte público que debía estar lista para el mes de agosto del 2020 quedó suspendida en supuesto apoyo a los concesionarios por la crisis económica generada por el Covid-19, sin embargo, el aumento de 2 pesos con 50 centavos al pasaje continuó, aunque hasta ese momento solo 300 de las 17 mil unidades que circulan en Puebla habían sido rehabilitadas y equipadas con botones de pánico, localizadores y cámaras de Seguridad conectadas al C5.

La autorización al proyecto de Aréchiga Santamaría se realizó el pasado mes de octubre del 2019; diez meses después solo el 1.7 por ciento de las unidades habían cumplido con la modernización, y el proyecto inconcluso fue arrastrado hasta este 11 de marzo del 2021, día en que se registró la renuncia de Santamaría, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos.

El aumento al pasaje había sido aceptado bajo el argumento de que los poblanos contarían con un transporte público digno, pero, ni siquiera el 10 por ciento de las unidades, cumplió con la encomienda realizada por el gobernador Miguel Barbosa, debido a que los transportistas argumentaron que no contaban con los recursos suficientes para invertir en los autobuses y camionetas tipo Van.

Durante su comparecencia, ante diputados, en enero del 2021, Aréchiga aceptó que el proyecto apenas rebasaba el 60% de avance, con 6 mil de 10 mil unidades equipadas con camaras conectadas al C5 cuando según las cifras que dieron al iniciar el proyecto debían ser modernizadas 17 mil, por lo que el verdadero avance sería del 35.2 por ciento a casi año y medio de su implementación.

La pandemia fue el pretexto para frenar varios proyectos de mejoras, entre estos los de Guillermo Aréchiga, que desde un inicio causaron polémica entre la ciudadanía.

Rubén Aréchiga González hijo del secretario de Movilidad y Transporte también fue evidenciado por ser un supuesto socio de la empresa que administra y concentra las imágenes y videos grabados en el transporte público para transmitirlos al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) del gobierno estatal.

La denuncia constante era el apoyo y omisión de los actos de corrupción de las autoridades de vialidad, tal es el caso de Jorge Balderas y su hermano Ricardo Balderas, quienes usaban el nombramiento de Jorge como delegado de movilidad en Tehuacán para extorsionar a choferes de gaseras, colectivas y unidades de transporte en general.

Un video muestra a Ricardo Balderas, vestido con pantalón azul de mezclilla y playera amarillahaciendo uso de una unidad de Supervisión de Transporte mientras, aparentemente, pide al conductor de una pipa de gas de la empresa Gas Super Rápido, que muestre su documentación.

Luego fue captado otra vez haciendo la misma acción con otro ciudadano. Al momento de recibir lo que parece ser dinero, se voltea como tratando de cubrir la acción.

Por otra parte, Héctor Castillo Flores, de la empresa de Transportes Acapetlahuacan, acusó a Guillermo Aréchiga Santamaría, titular de la SMT, de tolerar que el transporte pirata de las empresas ERCO y ORO, bajo el nombre de “Express Van” circule en Puebla, Atlixco e Izúcar de Matamoros sin los documentos necesarios para dar servicio.

Por tales hechos, Castillo Flores presentó una denuncia en contra de Guillermo Aréchiga y Leonardo Contreras Fuentes, por permitir pirataje en Atlixco y la región.