Una comisión de derechohabientes exigió al Congreso de Puebla y la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigar presuntos actos de corrupción, saqueo y anomalías en el Issstep.
 
El miércoles presentaron un escrito para exigir que se atiendan sus demandas, pues el gobierno de Miguel Barbosa Huerta lleva año y medio ignorándolas. 
 
Su desplegado fue dirigido al presidente del poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, de Morena, aunque este jueves dejó su cargo para buscar la candidatura a la alcaldía de Puebla.
 
Los inconformes reprochan que también han sido ignorados por la presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, también de Morena, ya que tampoco ha atendido sus solicitudes.
 
Su principal demanda es practicar una auditoría al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep), pues denunciaron diversas irregularidades.
 
Afirmaron contar con indicios de que los gobiernos pasados “tomaron indebidamente recursos del fondo de pensiones y jubilaciones, especularon con la compra de medicamentos y dejaron de aportar lo que les correspondía como gobierno”.
 
TSeñalaron que ex servidores públicos, sin haber cubierto los requisitos que la ley establece para jubilarse, actualmente cobran “jugosas cantidades como concepto de jubilación”, mientras miles de trabajadores tienen que esperar años, después de haber reunido los requisitos, para poder jubilarse.
 
A esto sumaron que no hay consultas suficientes en medicina familiar; las consultas con médicos especialistas tardan meses; al interior del estado son precarios los salarios del personal médico y en las clínicas y módulos no hay medicamentos suficientes.
 
La comisión de derechohabientes acusó que todo esto lo denunciaron desde noviembre de 2019 en un escrito dirigido a Barbosa Huerta, pero no hubo respuesta.
 
En enero de 2020 se manifestaron en Casa Aguayo y el entonces secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, quien ahora busca una diputación local, se comprometió a atender sus demandas sin que esto haya ocurrido.
 
Posteriormente se dirigieron a la Secretaría de la Función Pública (SGP) y tampoco hubo respuesta, por lo que ahora recurrieron al Congreso y a la ASE y exigieron no ser ignorados más.