Brahim Zamora Salazar, miembro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reroductivos (Odesyr), busca la candidatura a una diputación local de Puebla por Morena. 

En su cuenta de Twitter anunció la madrugada de este miércoles que se registró como aspirante.

“Quiero que sepan que como parte de una decisión colectiva, que es como siempre he trabajado, y para continuar impulsando las agendas de los derechos humanos, decidí inscribirme al proceso interno de Morena en Puebla por una candidatura a una diputación local”, publicó.

El también presidente del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos del municipio de Puebla aseguró que su interés es impulsar la agenda progresista y los temas que los partidos políticos “han dejado de lado”.

Sin precisar si busca competir por un distrito en especial o por la vía plurinominal, destacó que lo único que ofrece es su trabajo desde el activismo que ha ejercido desde 1994.

“ Lo único que puedo dar es mi trabajo, que comenzó de este lado de la vida en 1994 y desde entonces siempre he estado luchando, aprendiendo y caminando con diferentes causas, proyectos y trincheras. Pienso que es momento de tomar esta oportunidad”, refirió.

Por estatutos Morena entregará un tercio de sus candidaturas a personas sin militancia y las dará a conocer a más tardar el 25 de marzo, luego de realizar encuestas, aunque, si hay menos de cuatro aspirantes a una misma candidatura, el partido la asignaría por designación directa.

El registro de Zamora Salazar se suma al de Vianey García Romero, quien igual fue integrante de Odesyr, obtuvo la candidatura a la diputación local del distrito 8 de Huejotzingo y ganó en la elección de 2018.

Desde el Odesyr ser ha impulsado el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, como la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios o la identidad de género autopercibida, estos dos últimos temas recientemente legislados.

También se han impulsado reformas en materia de salud, como la ley de espacios libres de humo de tabaco, que fue aprobada en comisiones y lleva más de un año “congelada”, sin someterse a votación del pleno.