La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió un informe al gobierno federal sobre las denuncias por violaciones contra las comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos que se oponen al gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Así lo reveló el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala; además detalló que la solicitud se realizó el pasado 30 de noviembre y el gobierno mexicano tiene siete días para dar respuesta a cuatro demandas de información que realizó la Comisión.

La primera de ellas es para entregar las observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares que requirieron 17 comunidades y ejidos, tras las denuncias contra activistas y opositores al Proyecto Integral Morelos.

La CIDH también pidió un informe sobre las medidas implementadas para proteger la vida e integridad física de los opositores; un informe sobre si la situación de las personas que pidieron las medidas cautelares ha sido revisada a nivel interno y, de ser el caso, revelar las decisiones judiciales emitidas sobre las violaciones alegadas.

Finalmente la CIDH solicitó que se le entregue cualquier información adicional respecto al caso que involucra a comunidades de PueblaMorelos y Tlaxcala, las cuales se han organizado a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua.

El PIM contempla la operación de una termoeléctrica en el estado de Morelos administrada por la Comisión Federal de Electricidad, que será alimentada por un gasoducto que inicia en Tlaxco, Tlaxcala, cruza por 10 municipios de Puebla y llega a la entidad final.

En Puebla los municipios involucrados son: Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Atlixco, Huaquechula, Atzitzihuacan, Acteopan y Cohuecan.

El organismo pidió además al Frente que precise cuántas comunidades están unidas en su movimiento, cuántas personas demandan medidas cautelares así como la situación de riesgo a la que se encuentran expuestos, los recursos legales internos y en qué estatus se encuentran.

La CIDH recordó que actualmente existen ocho suspensiones de plano para evitar que disminuya el caudal de riego al que tienen derecho ante afectaciones a mantos freáticos; una suspensión de plano que tiene el ejido de Amilcingo para evitar comience a funcionar el Gasoducto Morelos; así como una suspensión definitiva de la comunidad de Huexca para evitar se contamine el río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica.

Hay que recordar que la oposición al PIM ha tenido momentos emblemáticos como la detención del activista poblano Juan Carlos Flores Solís; el asesinato del activista morelense, Samir Flores Soberanes; y la incursión de la Guardia Nacional para desalojar un campamento que resguardaba los derechos de los ejidos de Ayala, Morelos.