El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó a Morena admitir la queja de su exsecretaria de Finanzas, María Isabel Lugo Chávez, quien busca revocar su destitución.

En sesión pública virtual instruyó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) aceptar la impugnación tras invalidar los argumentos con los que la rechazó la primera vez.

Los magistrados concluyeron que fue indebida la negativa porque la agraviada cumplió con los requisitos legales en tiempo y forma, contrario a lo afirmado por el órgano partidario.

La CNHJ rechazó el recurso con el argumento de que se promovió fuera del plazo legal de cuatro días tras la destitución de la secretaria.

La separación del cargo se ordenó el 18 de junio y la impugnación se presentó el 23 (cinco días naturales después), pero el tribunal sentenció que solo deben contarse los días hábiles, así que se debía admitir 

Lugo Chávez fue removida luego de ser denunciada por el exdelegado Mario Bracamonte González y sus colaboradores, por un presunto mal uso de los recursos del partido, además de que se detectó que también cobraba como analista en el ayuntamiento de Puebla.

Desechan quejas de regidores

En otro punto el TEEP desechó un recurso de apelación de la regidora panista del ayuntamiento capitalino, Luz del Carmen Rosillo Martínez.

Con él pretendía revocar un punto de acuerdo mediante el cual el Cabildo suspendió las sesiones de comisiones debido a la pandemia de Covid-19.

Por tratarse de un asunto interno del Cabildo el tribunal se declaró sin atribuciones para intervenir y rechazó la queja.

Por la misma razón se desechó el recurso del regidor de Tlacotepec Epifanio Félix González, quien se inconformó porque el Cabildo lo movió de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos a la Comisión de Equidad y Género.

Ordenan pago a regidora

En otro asunto el tribunal ordenó al ayuntamiento de San Antonio Cañada pagar a la regidora Amada Borbolla Antonio las quincenas que le adeudan desde junio de 2019.

Los magistrados acreditaron violencia política de género debido a que la afectada no ha sido convocada a las sesiones de Cabildo, es excluida de las decisiones en el ayuntamiento y no contaba con un lugar de trabajo.