Con un recurso de reclamación, interpuesto en la SCJN el ayuntamiento de Puebla insistirá en frenar los decretos con los que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretende controlar la seguridad pública en el municipio.

Por esa vía el gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el acuerdo mediante el cual se negó la suspensión provisional del decreto.

La suspensión se exige como medida cautelar para que el gobierno estatal no ejecute ninguna acción en tanto no se resuelva de fondo la controversia constitucional 46/2020 promovida por el ayuntamiento.

La Corte negó la protección provisional desde el 14 de julio, luego de la tercera ampliación de demanda realizada por el municipio tras el segundo decreto emitido por el gobierno.

Debido a la suspensión de plazos derivada de la pandemia, el alto tribunal apenas dio entrada al recurso de reclamación y lo registró con el número 95/2020-CA. 

“Fórmese y regístrese el expediente relativo al recurso de reclamación que hace valer el delegado del Municipio de Puebla, Puebla, contra el proveído de catorce de julio de dos mil veinte, dictado por el Ministro instructor, mediante el cual, se negó la suspensión de la medida cautelar en la tercera ampliación de demanda”, indica la notificación publicada este viernes en el portal de la SCJN.

“Se tiene por presentado al promovente, con la personalidad que tiene reconocida en los autos del expediente principal de la controversia constitucional 46/2020, y se tiene por interpuesto el recurso de reclamación que hace valer en representación del municipio actor y por aportadas las documentales que refiere, así como la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, legal y humano”, agrega.

Tras el nuevo recurso la Corte otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el gobierno del estado y las demás partes que pudieran estar involucradas manifiesten lo que a su derecho convenga.

Rivera Vivanco se ha negado a acatar el decreto que Barbosa Huerta emitió el 13 de julio, bajo el argumento de que es ambiguo y atenta contra la autonomía municipal, igual que el del 25 de marzo, que fue el primero con el cual el gobierno buscó asumir el mando de la seguridad.

Al respecto el mandatario ha reprochado a la edil falta de voluntad para trabajar juntos, además de negarse como una estrategia para victimizarse y acusar persecución política en su contra.