Tras los operativos de Protección Civil Estatal, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) y la Policía Estatal para clausurar comercios establecidos en Puebla, la cúpula empresarial poblana reprobó estos hechos y exhortó a las autoridades estatales a replicar esas acciones con los ambulantes.

A través de sus redes sociales el presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, reprochó que las autoridades municipales y estatales sean tan “permisivas” con el ambulantaje, que evade impuestos y permisos que se exigen al comercio establecido.

Mientras que el comercio formal, expuso, cumple los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), lleva más de tres meses de inactividad y se le pide mantener el confinamiento porque no existen condiciones por los altos índices de contagios en la entidad poblana.

Por su parte el presidente del Centro Empresarial de Puebla (CEP-Coparmex), Fernando Treviño Núñez, mostró indignación y calificó el operativo del martes en el restaurante La Noria, propiedad de la presidenta de la Canirac, como un acto de intimidación al asegurar que después de llevar más de 100 días de confinamiento voluntario sean tratados como delincuentes.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, reveló ayer que en su restaurante se realizó un operativo, al que acudieron elementos de la Policía Estatal que portaban armas largas, sólo porque dijeron tener un reporte de que se vendían alimentos en las mesas.

Es de destacar que desde que el gobierno estatal pospuso el reinicio de actividades comerciales el 1 y 15 de junio, así como el 6 de julio, los empresarios, comerciantes establecidos y sus empleados han reprochado que la cacería para cerrar locales se centra en ellos y no en los ambulantes que operan en calles como la 5 de Mayo.

Además han cuestionado la parcialidad del gobierno estatal y municipal para retirar a los ambulantes que aprovechan el cierre del comercio establecido para vender en las calles, sin que ninguna autoridad sea capaz de regularlos pues su permanencia provoca una afluencia mayor de gente y por ende un foco de contagio del Covid-19.