Un posible caso de parcialidad y revictimización estaría ocurriendo en la Fiscalía General de Puebla donde uno de los agentes del Ministerio Público está siendo señalado de actuar en favor de un empleado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación acusado de violencia familiar.

Fuentes cercanas al caso denunciaron que estas irregularidades ocurren en el desahogo de la carpeta de investigación 1563/2020 de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, la cual se inició con evidentes demoras el pasado 7 de mayo cuando los hechos ocurrieron un día antes, causando indefensión de la víctima.

Su esposo trató de asfixiarla

Sobre el caso, las fuentes consultadas por e-consulta informaron que la víctima, quien prefirió que se le identificara como Lupita, vivió un episodio de violencia familiar en plena pandemia del Covid-19 cuando el 6 de mayo, alrededor de las 15:00 horas, sostuvo una discusión con su esposo de nombre Josué N., quien trabaja como "especialista en Derechos Humanos" dentro del Consejo de la Judicatura Federal.

Según la narración que obra en la carpeta de investigación 1563/2020, el día de los hechos Lupita intentó hablar con su pareja y padre de su hijo menor de edad sobre su separación, pero a pesar de que se trataba de un tema discutido previamente, Josué respondió de manera violenta insultando a la víctima y haciéndole saber que él no se iría de la casa pues él pagaba las cuentas y era dueño de todo, lo que por sí solo ya constituye una agresión.

Durante la discusión, Josué lanzó el teléfono de la víctima contra una de las puertas y al momento que ella se acercó para intentar recogerlo, fue que él la tomó del cuello e intentó asfixiarla, lo cual en un sentido estricto de la ley podría constituirse como una acción que atenta contra el bien más importante que es el de la vida.

Derivado de una llamada de alerta que se realizó al número de emergencias 911, alrededor de las 16:00 horas, llegaron elementos de la Policía Estatal hasta el domicilio de la pareja en San Bernardino Tlaxcalancingo, trasladando por separado a la víctima junto con su hijo y a la pareja al Complejo de Seguridad en San Andrés Cholula, aproximadamente a las 16:45 horas.

Minutos más tarde Josué fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violencia de Género y Contra las Mujeres, a donde la víctima llegó aproximadamente a las 20:00 horas del mismo día, ya que tuvo que buscar apoyo para poder trasladarse junto con su hijo a este espacio.

Burocracia y favoritismo al infractor

A partir de ese momento la situación comenzó a volcarse a favor de Josué pues alrededor de las 22:30 horas el agente del Ministerio Público de nombre Hugo Israel Pineda Cerón sostuvo el primer encuentro con la familia del detenido, quien incluso le hizo entrega de un sobre color manila cuyo contenido se desconoce pero que quedó evidenciado por los asesores legales de Lupita.

Posteriormente, la falta de personal femenino impidió hacer una exploración corporal completa a la víctima, por lo que el médico hombre solamente pudo asentar el hallazgo de una equimosis (moretón), para después ser sometida a un análisis psicológico y entrevista, la cual se llevó a cabo alrededor de las 3:30 de la madrugada, es decir, casi 11 horas después de la agresión.

En este caso destaca la insistencia que hubo por parte del agente del Ministerio Público Israel Pineda Cerón para persuadir a la víctima de seguir con el proceso legal diciéndole que lo que más le convenía era otorgarle el perdón y aceptar una reparación del daño por 10 mil pesos, sin embargo la víctima lo rechazó pues consideró que su vida está en riesgo.

Al ver que el agente investigador se mostró a favor del presunto responsable, Lupita decidió presentar una queja ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía el mismo 7 de mayo, sin embargo, la misma no se resolvió de inmediato pues se mantuvo a Israel Pineda Cerón al frente de la investigación.

Para el 8 de mayo, el Ministerio Público nuevamente buscó persuadir a Lupita diciéndole que lo más conveniente era otorgar el perdón y recibir 20 mil pesos como reparación del daño pues "no había evidencia de que ella hubiera sido víctima de violencia familiar", por lo que el caso no sería judicializado y Josué no sería puesto a disposición de un Juez de Control.

Ante la negativa de Lupita, se realizó una segunda valoración médica en la que se detectaron algunas lesiones, por lo que nuevamente el agente del Ministerio Público la citó para decirle que la suma de reparación del daño ya era de 25 mil pesos y lo que más le convenía era aceptar "porque había mujeres a las que les iba peor y no les daban nada".

Tras rechazar todos los intentos del Ministerio Público por otorgar el perdón, un agente del Ministerio Público distinto se comunicó con la víctima para informarle que por la situación se le otorgaron dos medidas de protección que constan en la prohibición a Josué de acercarse a la víctima y el de vigilancia y auxilio inmediato por parte de las corporaciones de seguridad, por lo que al menos dos veces al día se le monitorea física y telefónicamente.

Pareja de Lupita con permiso para portar armas

A pesar de la queja ante Derechos Humanos de la FGE, el licenciado Israel Pineda Cerón se mantuvo como el representante social en el caso por lo que Lupita ha tenido que seguir con el procedimiento con nulo apoyo del organismo, incluso a pesar de que Josué cuenta con permiso de portación de arma de fuego, pues incluso en el domicilio de la pareja tenía dos armas largas y un arma corta calibre .380, los cuales quedaron a resguardo de la Policía Estatal el 15 de mayo.

Esto provocó que el 28 de mayo la víctima y su abogado se percataran que el agente del Ministerio Público había manipulado los actos de investigación y constancias dentro de la carpeta de investigación y los documentos de la primera entrevista donde por errores técnicos olvidó modificar la hora, haciendo que la misma no guardará relación con los hechos ya descritos anteriormente.

Por este motivo la víctima exige de forma urgente que el licenciado Israel Pineda Cerón sea removido del caso a fin de que se garantice un correcto desahogo de las pesquisas a fin de acreditar el delito y que se salvaguarde la integridad de Lupita y sobre todo de su hijo menor de edad.

En contraste, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), a través del oficio CDH/DQO/260/2020, decretó medidas cautelares en favor de la víctima y exhortó a Ulises Sandal Ramos, encargado de despacho de la Fiscalía General de Asuntos Jurídicos para atender el caso de Lupita.

Palabras claves: Fiscalía General del Estado, Agente del Ministerio Público, Violencia Familiar, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura