El gobernador Miguel Barbosa Huerta pretende retirar a los ayuntamientos el control de anuncios espectaculares, a menos de un año de que el Congreso del estado les otorgó la regulación con la consigna de que se violentaba su autonomía.

Con el argumento de que las reformas que se promulgaron en marzo de 2019 quedaron incompletas, con una iniciativa ahora el mandatario busca que su gobierno se haga cargo de los anuncios en autopistas federales y carreteras estatales, mientras que los ayuntamientos solo administren los de las vialidades municipales.

El proyecto de ley al que accedió e-consulta busca obligar a los empresarios a que una de cada diez estructuras que se instalen promuevan los destinos turísticos de la entidad, así como el respeto al medio ambiente y los derechos humanos.

Con estas medidas los ayuntamientos perderán las facultades que les entregó la propia legislatura vigente (con mayoría de Juntos Haremos Historia), por las cuales los diputados recibieron dos vetos del entonces gobernador Antonio Gali Fayad y libraron una pugna política contra su gobierno.

La iniciativa

La propuesta de Barbosa Huerta que fue enviada este miércoles al poder Legislativo contiene una serie de reformas a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del estado.

La iniciativa contempla adicionar varias subdivisiones al artículo 143, empezando por el 143 Quáter, que contempla que diga:

“El gobierno del estado, a través de la Secretaría (de Medio ambiente) regulará la contaminación visual provocada por publicidad que degrade la imagen del entorno ambiental en vialidades de jurisdicción estatal, zonas adyacentes a las mismas y bienes inmuebles propiedad del Estado.

Los ayuntamientos regularán la contaminación visual provocada por publicidad que degrade la imagen del entorno ambiental en los centros de población, vialidades de jurisdicción municipal, sus zonas adyacentes, espacios públicos y bienes inmuebles propiedad del municipio.

La Secretaría determinará a través de lineamientos, las características y especificaciones con que deban cumplir los anuncios, estructuras publicitarias y publicidad en general, de jurisdicción estatal y municipal en cuanto a sus dimensiones y espacio físico, densidad por zona, tipo, ubicación, alcance, requerimientos para su colocación o instalación, tiempo de permanencia y cantidad”.

Los permisos

Para el otorgamiento de permisos, el artículo 143 Quinquies señala: “se requerirá la emisión de licencia, permiso y/o autorización correspondiente de la Secretaría o del ayuntamiento para llevar a cabo la construcción, instalación, colocación, modificación, retiro o demolición de estructuras que sustenten anuncios o publicidad así como la colocación de anuncios, estructuras publicitarias y publicidad en general, en sus respetivos ámbitos de competencia”.

El 143 Sexies establece que: “el gobierno del estado de Puebla y los ayuntamientos, a través de las autoridades competentes, emitirán los dictámenes correspondientes en materia de protección civil, en términos de la normatividad aplicable en la materia, mismos que serán requisito previo necesario para el otorgamiento de la licencia, autorización o permiso en materia de contaminación visual de competencia estatal o municipal, respectivamente”.

Prohíben anuncios en áreas verdes

La prohibición de instalar espectaculares en áreas verdes se mantiene tal como la aprobó el Congreso local el año pasado, pues el artículo 143 Nonies indica:

“Se encuentra prohibida la instalación de estructuras que sustenten anuncios o publicidad en áreas verdes urbanas, de jurisdicción estatal o municipal, así como a menos de 250 metros lineales y radiales de otra estructura instalada con el mismo fin.

Para tal efecto se entenderán por áreas verdes urbanas, los espacios públicos cubiertos por vegetación como árboles, arbustos, plantas florales, plantas rastreras, cactáceas, camellones, o inducida, cuyos excedentes de lluvia o riego pueden infiltrarse al suelo natural”.

La iniciativa de Barbosa Huerta ingresó este día durante la sesión ordinaria del Congreso y se envió a la Comisión de Medio Ambiente para su discusión y análisis.