Han pasado más de tres años y los estados del país no terminan de aprobar las leyes para dar paso al funcionamiento pleno de sus sistemas anticorrupción.

Nuevo León es la única entidad que ha terminado de aprobar las ocho leyes que se necesitan para la creación de su sistema local y tiene pendiente su Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Estados como Puebla, Baja California Sur, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, San Luís Potosí y Aguascalientes tienen al menos un nombramiento pendiente para echar a andar las instancias locales de combate a la corrupción, según una nota del diario El Economista.

De acuerdo con lo estipulado en el segundo artículo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los congresos de las 32 entidades del país tienen la obligación de crear o reformar sus leyes para ajustarlas a la Constitución y a la ley general, con el fin de contar con criterios homogéneos en el combate a la corrupción.

Estas modificaciones van desde una reforma constitucional, una Ley Estatal Anticorrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Fiscalía general, ley orgánica del tribunal de justicia administrativa, ley de responsabilidades administrativas y adecuaciones al código penal en la materia.

Al iniciarse 2019, Chiapas era el estado que más retraso presentaba en nombramientos, al no contar con un Comité de Participación Ciudadana, ni haber nombrado a los magistrados en responsabilidades administrativas, a su comité Coordinador y al titular de la Secretaría Ejecutiva.