Prevén reforma constitucional para aumentar magistrados TJA

Tras la ratificación de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Congreso del Estado prevé la aprobación de la reforma constitucional propuesta por el gobernador Antonio Gali Fayad y que implicará incrementar hasta siete el número de integrantes del nuevo órgano.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, refirió que todavía no hay un acuerdo entre los líderes de las bancadas, pero que de lograrse, se tendrá que analizar cómo se daría la incorporación de los nuevos magistrados.

Al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, Gali Fayad remitió una iniciativa de reforma constitucional para ampliar de tres hasta siete el número de magistrados para el tribunal, el cual surge como parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Con su propuesta, el ejecutivo busca que el pleno de la LIX Legislatura modifique el párrafo tercero de la fracción X del artículo 12 de la Constitución, con lo cual el número de magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa pasaría de tres hasta siete.

A la par, en el artículo tercero transitorio de la iniciativa se señala que “por única ocasión” el periodo de los magistrados no sería de 15 sino de 13 años, lo que significa que quienes sean propuestos y ratificados en lo que resta del 2017 culminarían sus funciones en 2030.

Aunque la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales todavía no señala la fecha para analizar y aprobar el proyecto del mandatario, se prevé que sea esta semana cuando los legisladores emitan un dictamen para presentarloal pleno.

El miércoles pasado, el pleno del Congreso ratificó los nombramientos de María de Lourdes Dib Álvarez, David Paz Moreno y Alfonso Siriako Guillén Almaguer como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes están ligados al PRI y PAN.

De los tres magistrados, Guillen Almaguer llega al nuevo órgano con un procedimiento de responsabilidad de servidores públicos por autorizar presuntamente de manera ilegal el pago de un laudo por 107.2 millones de pesos a tres de las cuatro compañías que concluyeron los trabajos del Centro Expositor, obra que se desarrolló en el sexenio de Mario Marín Torres.

El Tribunal de Justicia Administrativa es la instancia que funcionará para resolver conflictos entre particulares y la administración pública estatal y municipal.

Dentro de las facultades de los magistrados están la de dictar sentencias en casos en los que existen un daño a la hacienda pública, determinar los montos de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar perjuicio a los entes públicos estatales y municipales.

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