Alfonso Siriako Guillén Almaguer, actual director jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) y aspirante a magistrado del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, enfrenta unprocedimiento de responsabilidad de servidores públicos por autorizar de manera presuntamente ilegal el pago de un laudo por 107.2 millones de pesos a sólo tres compañías de las cuatro que concluyeron la construcción del Centro Expositor.

Entre 2010 y 2013 las tres beneficiarias se asociaron con la empresa Instalaciones Inmobiliarias de Puebla y concluyeron las obras del inmueble ubicado en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe que dejó pendiente la constructora Unión Presforzadora y Asociados (UPSA), cuando la administración del exgobernador Mario Marín Torres le rescindió el contrato del proyecto por incumplimiento, en el 2009.

Pese a que UPSA también demandó al gobierno estatal por la rescisión del contrato, ésta y las empresas que fueron beneficiadas con el pago del laudo, están representadas por una misma persona: Eduardo Liceaga García, lo que a consideración de Instalaciones Inmobiliarias, constituye un conflicto de interés.   

El pasado martes, el gobernador José Antonio Gali Fayad envió al Congreso local una terna para ocupar las tres magistraturas del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, misma en la que se encuentra Guillén Almaguer.

Se prevé que sea el próximo martes cuando los diputados locales ratifiquen a las tres propuestas de Gali como magistrados del nuevo organismo, el cual se encargará de atender las quejas o denuncias en contra de los servidores públicos de la entidad.

La historia del conflicto

En 2007 el gobierno de Mario Marín contrató a UPSA para que se encargara de construir el Centro Expositor y concluir la obra a más tardar en 2009, pero ello no ocurrió por lo que la administración estatal le rescindió el contrato.

Un peritaje realizado en ese entonces arrojó que hasta 2009 sólo se había ejecutado el 48 por ciento de los trabajos, aunque la empresa ya había cobrado por los mismos 184.5 millones de pesos, por lo que fue acusada de fraude.

En 2010 el gobierno marinista realizó un nuevo contrato –número O.P./ADE/SEDUOP-20100041–para concluir la obra, el cual fue adjudicado de manera directa a cuatro empresas: Central de Construcciones y Asociados, Lofts Arquitectos Constructores, Electroconstrucciones de Puebla e Instalaciones Inmobiliarias de Puebla. Esta última fungió como “asociante” o representante de las otras.

Así, el proyecto se concluyó formalmente el 16 de agosto de 2013 y la empresa asociante Instalaciones Inmobiliarias de Puebla presentó un finiquito de obra por 87.4 millones de pesos más IVA, pero la administración estatal, ya a cargo del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, no liberó el pago.

Ante esa situación, las cuatro empresas representadas por Instalaciones Inmobiliarias de Puebla promovieron un “juicio arbitral” y este se resolvió el 21 de agosto de 2015 a su favor, por lo que el gobierno del estado fue obligado a cubrirle una cantidad superior a los 90 millones de pesos, pero tampoco cumplió.

Guillén Almaguer autoriza pago irregular por 107.2 mdp

Con el fin de lograr la ejecución del laudo, la empresa promovió dos juicios más, en esa ocasión de carácter mercantil ante los juzgados federales, los cuales tienen los expedientes 293/2015 y 7/2016, además de un “juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje”.

Aunque el litigio fue emprendido por las cuatro firmas afectadas, el gobierno del estado, a través de Guillén Almaguer, acordó sólo con tres el pago de un laudo por 107.2 millones de pesos, y dejó fuera de la transacción aInstalaciones Inmobiliarias de Puebla.

Eduardo Liceaga García, quien fue representante de UPSA cuando fue contratada por la administración de Mario Marín, se apersonó como representante de las tres empresas beneficiadas con el pago del adeudo.

El pago fue autorizado por Guillén Almaguer, quien incluso estableció 15 desembolsos parciales de 7.5 millones de pesos, por lo que Instalaciones Inmobiliarias de Puebla ya presentó una queja administrativa en contra del funcionario, ante el órgano de Control Interno de la SITM, la cual fue ingresada el pasado 28 de julio.

El Tribunal de Justicia Administrativa, al que aspira formar parte el funcionario denunciado, forma parte del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y tiene como fin atender y resolver las demandas o diferencias que haya entre particulares y funcionarios de la administración pública estatal y municipal.

La representación jurídica de la empresa afectada afirma en la queja presentada, que el ilícito en el que habría incurrido Guillén Almaguer puede configurarse como desvío de recursos públicos, según la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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