El líder del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, rechazó que exista una estrategia para afectar los tiempos establecidos en el juicio de amparo que Eduardo Rivera Pérez presentó para defenderse ante la justicia federal por el procedimiento de fiscalización en su contra, el cual derivó en su inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 25.5 millones de pesos.

La respuesta del legislador de Acción Nacional contrasta con los dos acuerdos que el Juez Tercero de lo Federal aprobó, en los cuales se advierte que la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado (ASE), incumplió con la entrega de la información requerida y solicitó una prórroga de 20 días para completar el envío de la documentación, misma que se le negó

Antes de la audiencia que este miércoles 24 sostendrán Rivera Pérez y la defensa del legislativo, Aguilar Chedraui sostuvo que en el litigio existen plazos establecidos que atienden las áreas técnicas, y que el proceso ya no está en la esfera de lo político ni lo público.

"Hay tiempos legales perfectamente establecidos que además los atienden instancias técnicas, ya no es un tema de debate público ni político, no es un tema que compete a un legislador, son temas técnicos que las áreas técnicas están litigando en tribunales", subrayó.

En marzo, Rivera Pérez inició su defensa ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, el cual admitió el litigio por el incumplimiento del Congreso y la Auditoría Superior del Estado de responderle, en un plazo no mayor a 30 días, si solventó las observaciones hechas a su cuenta pública 2013 en el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR).

La respuesta tanto del Legislativo como del órgano fiscalizador debió darse al concluir el mes de enero, sin embargo, la decisión tomada por los diputados de la Comisión Inspectora fue permitir una audiencia a Rivera Pérez el 3 de abril, para dos días después aprobar su inhabilitación y sanción económica.

El 7 de abril el dictamen de la Comisión Inspectora se aprobó por mayoría de votos en el pleno del Congreso, con lo cual se dejó firme la inhabilitación por 12 años para ocupar un cargo en el servicio público y la sanción económica por 25.5 millones de pesos.

En la revisión del dictamen propuesto por la Comisión Inspectora, presida por Germán Jiménez García, se señalan irregularidades cometidas por la administración de Rivera Pérez a obras de pavimentación con concreto hidráulico que de estuvieron a cargo del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, a quien el exalcalde capitalino responsabilizó de ordenar su inhabilitación para dejarlo fuera de una candidatura en 2018.

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