Con Enrique Flota Ocampo en el cargo de Fiscal Anticorrupción sólo se garantizarán en el estado la protección a la ilegalidad, la corrupción  y la  impunidad, consideraron integrantes del Centro de Promoción y Difusión de Derechos Humanos, José Luis Tlehuatle Tamayo.

En entrevista, Hilario Gallegos y Aracely Bautista, coincidieron en señalar que el nombramiento del titular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la FGE es un premio por “apagar el fuego del caso Chalchihuapan”, conflicto en el que fue un mediador que benefició en todo momento al gobierno del estado.

Araceli Bautista, madre de Javier Montes Bautista, edil de San Bernardino Chalchihuapan,  asentó que Flota Ocampo obtuvo la “condecoración” gracias a la venta de víctimas al gobierno estatal.

Recordó que cuando Flota Ocampo estuvo al frente del departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la FGE, presionó a Elia Tamayo,  madre de José Luis Tlehuatle Tamayo, muerto durante la represión policiaca de Julio de 2014, para que firmara el perdón para Facundo Rosas, quien ordenó el operativo, amenazándola  con  “consecuencias de las que ella sería la única culpable.”

Araceli Bautista dijo también que Flota apresuró a Elia Tamayo a recibir una indemnización económica por el fallecimiento de su hijo, para cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y es el responsable del expediente armado contra el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes.

“Pregunten por qué apresuró que firmara doña Elia Tamayo, siempre preocupado por que accediera, incluso amenazándole, flanqueando al gobierno. ¡Ahora es nombrado Fiscal Anticorrupción, cuando obliga a la gente a perdonar a los más desgraciados!”, dijo Bautista.

“Se dice buena persona, pero no sé con quienes; los que lo conocemos sabemos muy bien que su intervención era para apagar fuegos;  para que, como funcionarios del gobierno, quedaran bien aunque no se hiciera justicia”, dijo Bautista a este medio.

El personaje que fue elegido para  dar cumplimiento a los acuerdos nacionales para la implementación del Sistema Anticorrupción, también ha sido denunciado por Dulce María Silva Hernández, pareja del vocero del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presa el penal de San Miguel.

Dulce María Silva denunció los abusos que sufría en el penal y acusó que pese a que Flota,  entonces director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la FGE, sabía de ellos, no cesaron.

Silva  ha denunciado acoso del gobierno del estado para la cesión de derechos del terreno en Angelópolis a un fideicomiso, y que Flota es uno de sus hostigadores.

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