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Sociedad
Fincan delito de peculado al edil auxiliar de Canoa
El 31 de octubre, Raúl Pérez fue detenido por orden del juzgado 4 de lo penal bajo los cargos de robo agravado y usurpación de funciones
Foto Agencia Enfoque
A dos días de que Raúl Pérez, alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, debiera quedar en libertad, se le fincó el delito de peculado bajo el proceso 484/2014 en el juzgado 1 de lo penal. Se trata del segundo procedimiento de estas características que se tramita contra el mismo edil.
El pasado 5 de diciembre a unas horas de abandonar el penal de San Miguel, gracias a un recurso de amparo, Raúl Pérez fue acusado de abuso de autoridad y amenazas en el juzgado 7 de lo penal, sin embargo, por no considerarse un delito grave alcanzaba fianza, se esperaba que este viernes obtuviera su libertad.
Para sus hijos, Javier y Rocío Pérez, las predicciones fueron cumplidas. Explicaron que el procedimiento irregular de la Procuraduría General de Justicia y los empleados del Juzgado Penal ya vaticinaba la fabricación de un nuevo delito para impedir su salida.
“Sospechábamos que esto pasaría. Han retrasado impunemente el proceso de libertad, simulan el cumplimiento del amparo federal pero están lejos de cumplirlo. Lo castigan por ser un presidente auxiliar que manifestó su desacuerdo con el gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde Antonio Gali Fayad, es un acto vil”, acusó Javier a este medio.
El pasado 31 de octubre, Raúl Pérez fue detenido por orden del juzgado 4 de lo penal bajo los cargos de robo agravado, usurpación de funciones, amenazas y privación ilegal de la libertad.
La situación que enfrenta el edil auxiliar es similar al procedimiento registrado en la detención de ambientalistas y defensores de derechos humanos en el estado.
De acuerdo con sus seguidores, Raúl Pérez, junto con sus homólogos Leonardo Báez Serrano de La Resurrección y Javier Montes, de Chalchihuapan, fueron aprehendidos por oponerse a la reforma de la Ley Orgánica Municipal del gobernador Moreno Valle que quita el control de los servicios del Registro Civil a las comunidades, y por conformar el Comité Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos, organización a la que se sumaron una centena de presidentes auxiliares para oponerse a las medidas gubernamentales.