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Nuevamente, agentes de la Fiscalía de Puebla están en el ojo del huracán.
Los escándalos vuelven a sacudir a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Esta vez no se trata del robo de un collar valuado en 250 mil pesos. Ahora la pregunta es otra, y resulta inevitable:
¿Qué explicación dará la fiscal Idamis Pastor Betancourt ante un nuevo señalamiento que involucra a presuntos elementos de la institución, adelantándose a las fiestas patrias y echando bala?
El caso ocurrió en la Tercera Sección de la colonia Universidades, donde agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron para atender un reporte sobre detonaciones de arma de fuego provenientes de un vehículo cuyos ocupantes, presuntamente, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.
De acuerdo con los señalamientos, los tripulantes de una unidad Nissan sacaron sus charolas y se identificaron como agentes de la Fiscalía General del Estado.
Esa supuesta condición habría sido utilizada para intentar evitar ser detenidos por las corporaciones que acudieron al lugar.
Cuando la situación comenzó a subir de tono, los señalados presuntamente aceptaron retirarse, pero con una condición: que fueran puestos a disposición de sus propios compañeros o de sus mandos.
Y aquí comienza lo verdaderamente preocupante.
Si realmente se trataba de agentes ministeriales, ¿qué hacían en un vehículo desde el que se reportaron disparos mientras presuntamente consumían alcohol?
¿Contaban con autorización para portar armas en esas circunstancias?
¿Se aseguró el arma involucrada?
¿Hubo disparos al aire?
¿Se realizó alguna prueba para determinar si existió consumo de alcohol?
¿Se inició una investigación interna?
Y, sobre todo, ¿fueron plenamente identificados los elementos y se verificó su situación administrativa, operativa y de certificación?
Son preguntas básicas.
No debería ser necesario convertirlas en una investigación periodística para obtener respuestas.
Más delicado todavía resulta el señalamiento relacionado con la presunta falta de certificación mediante el Certificado Único Policial (CUP).
Si se confirma que alguno de los involucrados carece de las certificaciones obligatorias, la Fiscalía tendría que explicar por qué una persona que no cumple con los requisitos correspondientes estaría desempeñando funciones que implican portar un arma y ejercer facultades policiales.
No estamos frente a un simple altercado entre corporaciones.
Cuando un servidor público —y particularmente un integrante de una institución encargada de procurar justicia— es señalado por un posible uso irresponsable de un arma de fuego, la autoridad está obligada a investigar con rigor, imparcialidad y transparencia.
La ciudadanía no necesita discursos.
Tampoco necesita justificaciones improvisadas.
Necesita saber qué ocurrió, quiénes participaron, si hubo disparos, quién portaba el arma, si existió consumo de alcohol y si los involucrados contaban con las certificaciones correspondientes.
Porque hay algo todavía más importante: la Fiscalía no puede convertirse en juez y parte cuando sus propios elementos están bajo sospecha.
Si hubo una conducta irregular, debe investigarse y, de acreditarse responsabilidades, deben existir consecuencias.
Aquí no se trata de proteger a una corporación ni de condenar anticipadamente a sus integrantes. Se trata de algo mucho más elemental: que la ley sea pareja para todos.
La autoridad que exige cumplimiento a los ciudadanos también debe cumplir las reglas que rigen a sus propios servidores públicos.
Y hay un principio que no debería perderse de vista: la omisión de una autoridad frente a una conducta presuntamente irregular también puede generar responsabilidades cuando existe el deber legal de actuar. Por ello, no basta con guardar silencio, minimizar los hechos o esperar a que el asunto se enfríe.
La pregunta queda sobre la mesa para la fiscal Idamis Pastor Betancourt:
¿Se trató de una práctica de tiro, de una conducta irresponsable o de un nuevo caso que terminará archivado bajo el argumento de que “no pasó nada”?
Los poblanos merecemos una respuesta clara, documentada y, sobre todo, sin privilegios para quienes tienen precisamente la obligación de hacer cumplir la ley.
Porque si quienes portan un arma en nombre de la justicia disparan sin explicación, la pregunta ya no es solamente quién apretó el gatillo.
La pregunta es ¿quién tendrá el valor de investigar?.