La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una condición que debería ser elemental en cualquier democracia: quienes aspiren a una candidatura deben ser honestos y ejemplares, honrados, sin vínculos obscuros con la corrupción y el crimen. Hasta aquí, todos de acuerdo. El problema aparece cuando en la política mexicana primero se elige al perfil y después se pregunta el pasado.
Morena ya prepara sus procesos rumbo a 2027 y la presidenta citó a las encuestas para definir candidatos, pero también subrayó la necesidad de revisar la integridad de quienes pretendan competir. Hace bien con el llamado. Una encuesta dice quién es popular, pero no dice quién es confiable.
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Puebla acaba de regalar un ejemplo. En San Juan Tianguismanalco, el alcalde Juan Pérez Moral fue detenido y vinculado a proceso por delito de violación a una trabajadora del ayuntamiento. Hasta aquí el problema ya es mayúsculo. Pero por si no fuera suficiente, otro elemento lo agrava más, pues el suplente era su hijo y hoy es el edil.
Édgar Pérez Rosas tomó protesta como munícipe suplente porque así fue registrado en 2024 en la planilla de Morena y PT. El IEE registró a Juan Pérez Moral como propietario y a Édgar Pérez Rosas como suplente. El relevo fue legal, pero fue políticamente incorrecto.
Si desde antes de la elección se sabía que el suplente era hijo del candidato, ¿por qué nadie vio venir un conflicto? ¿qué pensaron los líderes de Morena y PT? ¿Nadie preguntó por qué padre e hijo ocuparían la fórmula principal? ¿Nadie dimensionó un eventual relevo que podía convertir al ayuntamiento en un asunto familiar?
Morena ya reconoció que colocar al hijo como suplente fue un “error” y plantea mejorar sus filtros para la próxima elección. ¿Para la próxima? Ahí está el detalle. Porque si el propósito de los filtros es evitar malos candidatos, de poco sirve ponerlos después de que el problema ya llegó al gobierno. Es como instalar un detector de humo cuando ya se quemó la casa.
Tianguismanalco deja una lección mucho más grande. No se trata solo de revisar perfiles psicológicos o exámenes antidoping; todos los partidos deben revisar a sus candidatos antes de postularlos. Poner atención no solo en su popularidad, sino en sus antecedentes, patrimonio, relaciones, conflictos de interés, entorno familiar, posibles vínculos criminales y toda circunstancia que pueda comprometer el ejercicio del cargo.
Aquí hay que ser claros: revisar no significa condenar. Una investigación no convierte automáticamente a una persona en culpable. Una acusación tampoco, pero sí debería activar preguntas.
El ciudadano tiene derecho a conocer a quién está votando antes de depositar la boleta, no después de que la Fiscalía, la Auditoría o un juez aparecen en escena.
La presidenta ha hablado de mecanismos para verificar la integridad de las candidaturas, incluso con información de instituciones de seguridad, procuración de justicia y áreas financieras. Eso puede ser un avance, pero los filtros deben ser reales, públicos y aplicarse antes de la elección. No cuando el escándalo ya es noticia nacional.
Si primero hacen la encuesta, después ganan la elección y finalmente descubren que había señales de alerta, entonces no seleccionaron a los mejores perfiles, eligieron problemas.
¿Qué tanto deben responsabilizarse los partidos por las personas que postulan? Cuando ganan, todos presumen a sus candidatos, pero cuando fallan aparecen las explicaciones.
En resumen: La política necesita algo más que popularidad, necesita filtros, controles y que partidos que asuman responsabilidad. Y necesita ciudadanos que aprendan a mirar más allá de la sonrisa de campaña, el espectacular y la encuesta.
Gobernar no es un concurso de simpatía. La democracia y la elección no debería funcionar como una rifa en donde primero entregan el premio y después revisan si el ganador era elegible.
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