Revisión al ISSSTEP en contratos y gasto cuestionado por 425 millones de pesos

El manejo del dinero público en el ISSSTEP vuelve a estar en el centro del escrutinio. El gobernador Alejandro Armenta instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno una revisión exhaustiva de las cuentas públicas 2024 y 2025 del instituto, luego de que la auditoría del ejercicio 2023 destapara anomalías por 55.3 millones de pesos en servicios clínicos y de laboratorio, un antecedente que las autoridades estatales califican de "deplorable" en términos de condiciones de operación.

El propio director general del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera, reconoció que los estados financieros de 2024 se encuentran en etapa de solventación de observaciones, mientras que la cuenta de 2025 continúa en proceso de integración. La Auditoría Superior del Estado (ASE) proyecta publicar sus dictámenes definitivos en octubre de 2026, momento en que se determinará si existen desvíos u omisiones que ameriten proceder por la vía penal. Hasta ahora, ninguna denuncia penal ha sido presentada ante la Fiscalía de Puebla por estos dos ejercicios.

Los rubros bajo la lupa

La fiscalización se concentra en al menos tres frentes donde se han detectado los mayores focos rojos:

• Contratos y adquisiciones. Revisión de licitaciones públicas, asignaciones directas, contratos de servicios externos y compra de medicamentos, ante la sospecha de sobrecostos o simulación de servicios.
• Gasto subrogado disparado: 370 millones de pesos.
• Durante 2025, el ISSSTEP destinó más de 370 millones de pesos a consultas, laboratorios y traslados externos subrogados, luego de que su infraestructura interna quedara completamente rebasada.
• Crisis pensionaria: déficit superior a 600 millones de pesos.

El 80% del presupuesto actual del instituto se destina al pago de pensiones, lo que ha generado un boquete financiero de más de 600 millones de pesos y retrasos de hasta siete años en la asignación de retribuciones a extrabajadores. Sumados, el gasto subrogado disparado y el déficit pensionario representan más de 970 millones de pesos en presión financiera sobre un instituto que, según los propios extrabajadores y usuarios, opera entre carencias y quejas constantes por mal trato y negligencia administrativa.

Como antecedente, se reportaron 55.3 millones de pesos en irregularidades.

La auditoría al ejercicio 2023, inmediato antecedente de la revisión actual, ya había arrojado anomalías por 55.3 millones de pesos exclusivamente en servicios clínicos y de laboratorio, cifra que motivó al gobierno estatal a ordenar la inspección exhaustiva de los ejercicios subsecuentes.

Los resultados definitivos de la auditoría, correspondientes a las cuentas públicas 2024-2025, se conocerán en octubre de 2026. (MCJ)