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Dos predios eran destinados a vivienda y venta de terrenos; los expedientes por cambio de uso de suelo comenzaron en 2025
Foto: Cortesía
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal actividades de cambio de uso de suelo en dos predios forestales de Maquixtla, municipio de Zacatlán, Puebla, donde se detectaron trabajos relacionados con la lotificación para proyectos inmobiliarios sin autorización ambiental.
Durante dos visitas de inspección, la autoridad identificó que uno de los terrenos, con una superficie de 6 mil 140 metros cuadrados, estaba relacionado con trabajos para la lotificación de viviendas. El segundo, de 27 mil 676 metros cuadrados, era utilizado para actividades vinculadas con la venta de terrenos rústicos.
En conjunto, ambos predios abarcan 33 mil 816 metros cuadrados de superficie forestal, equivalentes a casi 34 mil metros cuadrados. Los inmuebles se encuentran sobre la carretera federal Apizaco–Tejocotal, en el tramo Zacatlán–Ahuazotepec, dentro de la localidad de Maquixtla.
La Profepa determinó que las actividades se realizaban sin contar previamente con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que procedió a colocar sellos de clausura total temporal en ambos sitios.
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Los casos derivan de dos procedimientos administrativos iniciados desde 2025 por actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización. Dentro de ambos expedientes fueron determinadas sanciones económicas y medidas correctivas, además de las clausuras correspondientes.
La dependencia federal señaló que las medidas buscan detener las actividades desarrolladas en los predios mientras continúan los procedimientos administrativos y se determina lo conducente conforme a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la Profepa agregó que dará seguimiento a ambos casos y verificará el cumplimiento de las medidas correctivas y demás disposiciones impuestas. Esto, con el objetivo de garantizar la protección de los terrenos forestales y evitar que continúen actividades inmobiliarias sin los permisos ambientales correspondientes.