Una nueva caravana de migrantes saldrá de Tapachula el próximo 20 de agosto, pero esta vez no se trata de personas que buscan llegar a Estados Unidos sino de extranjeros que quieren salir de una ciudad convertida en un nudo migratorio, donde llevan meses atrapados sin empleo, sin respuestas a sus trámites y con enormes dificultades para desplazarse hacia otras regiones del país. Por eso la caravana se ha convertido nuevamente en la única posibilidad de avanzar.
Lo que se sabe es que más de 500 personas podrían integrarse al contingente que partirá del parque Bicentenario, después de varias semanas de organización mediante redes sociales y grupos de WhatsApp. Será el cuarto intento de avanzar desde Chiapas hacia el centro y norte de México. La primera caravana salió en marzo, la segunda en abril y la tercera en julio, y las tres fueron desintegradas entre Chiapas y Oaxaca por el Instituto Nacional de Migración. La insistencia de los migrantes muestra que el problema no desaparece con la disolución de una caravana. Simplemente vuelve a organizarse.
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La razón es sencilla: Tapachula se ha convertido en un lugar del que resulta muy difícil salir. La presencia militar y los retenes en las carreteras han reducido las posibilidades de desplazamiento de los extranjeros, mientras los trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se prolongan durante meses. De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, hay más de 60 mil extranjeros varados en la frontera sur, muchos de ellos sin empleo y con las pocas opciones laborales concentradas en la informalidad y en trabajos precarios.
Los propios migrantes lo dicen con claridad: no buscan el llamado sueño americano. Quieren llegar a ciudades del centro y norte de México donde puedan encontrar trabajo, mejorar sus condiciones de vida y continuar sus trámites migratorios. Tapachula, sin embargo, se ha convertido en un punto de concentración de personas que llegan por distintas vías y por distintas razones, entre ellas la reciente llegada de migrantes irregulares y de personas deportadas desde Estados Unidos que son enviadas cada vez más lejos de la frontera estadounidense. A esta población se suman los mexicanos deportados que México también debe recibir y atender.
La política migratoria de Donald Trump está produciendo así un efecto que va mucho más allá de la frontera de Estados Unidos. No se trata solamente de la persecución, las detenciones y las deportaciones dentro de territorio estadounidense: la estrategia también consiste en enviar a las personas deportadas lo más lejos posible de la frontera, trasladando la presión hacia el sur de México. El resultado es un problema que México tendrá que enfrentar, pues son personas que llegan sin redes, sin empleo y, en muchos casos, sin condiciones para establecerse o continuar su proyecto migratorio.
Los datos sobre la repatriación de mexicanos muestran con claridad este cambio en la geografía de las deportaciones. De las 15 mil 633 personas mexicanas deportadas desde Estados Unidos durante junio, apenas 927, equivalentes al 6 por ciento, fueron recibidas en Chihuahua, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otros 757 casos, 5 por ciento, fueron enviados a entidades del centro y occidente. En contraste, 13 mil 939 personas, 89 por ciento del total, fueron trasladadas por vía aérea a Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Es decir, nueve de cada diez mexicanos deportados terminaron en el sur del país.
El dato más revelador está en Ciudad Juárez. Durante junio recibió solamente 88 mexicanos repatriados en todo el estado de Chihuahua, 86 por Ciudad Juárez y dos por Ojinaga, la cifra mensual más baja registrada en los 25 años de estadísticas documentadas por el Instituto Nacional de Migración. En el primer semestre de 2026, Chihuahua acumuló 7 mil 71 repatriaciones: 2 mil 676 en enero, 2 mil 418 en febrero, 973 en marzo, 707 en abril, 209 en mayo y apenas 88 en junio. Mientras la frontera norte recibe cada vez menos, el sur concentra una presión creciente.
La paradoja es evidente: mientras Estados Unidos incrementa los recursos destinados al control migratorio y hace más eficiente su maquinaria de detención y deportación, México recibe las consecuencias de esa política sin contar con una estrategia equivalente para administrar lo que está llegando. Tapachula y Villahermosa se convierten en espacios de recepción, espera y acumulación de personas que llegan sin redes, sin empleo y sin respuestas institucionales. Trump está haciendo su política migratoria dentro de Estados Unidos, pero sus consecuencias se están administrando en México; y en el sur, la pregunta ya no es cómo detener a quienes llegan, sino qué vamos a hacer con toda esta gente.