Es bastante conocida la solidaridad de los mexicanos y mexicanas sobre todo en las desgracias naturales y/o inesperadas. Muchos hemos recibido también la ayuda de innumerables personas que, en algún momento de nuestra vida, nos tendieron la mano y nos ayudaron a vivir o sobrevivir. La generosidad mexicana, su calidez y afabilidad, es algo que brota a flor de piel a la menor provocación. Pero esos gestos desaparecen en la vida ordinaria o no logran articular una participación social activa y efectiva.
Los vínculos comunitarios —afectivos, significativos, de convivencia, de proyectos y logros comunes, incluso de fracasos que unifiquen— suelen reducirse a los ámbitos familiares y, a veces, ni a ellos. No se expanden sanamente a los ámbitos de la escuela, del barrio, del trabajo, de la calle y, desde luego, de la política. Esos vínculos que articulan el tejido social no se desarrollan con vitalidad, autonomía y libertad. Por el contrario, se atomizan, se disgregan y, muchas veces, se apagan. Fenece lo social.
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Una primera desproporción que hay en la sociedad mexicana es que, aunque hay esa solidaridad y generosidad en casos extraordinarios, no hay una indignación suficiente para defender esos vínculos sociales cuando desde el Estado, o desde el mercado, se los desmantela, como ha ocurrido en el régimen actual y en el anterior. El desmantelamiento del sector salud y del educativo, así como la indiferencia y los ataques gubernamentales a familias buscadoras de desaparecidos así lo muestran.
El talón de Aquiles del régimen morenista sigue siendo el tema de la violencia y la inseguridad. Los miles de homicidios dolosos (188 mil con López Obrador y 41 mil en lo que va del gobierno de Sheinbaum) y de personas desaparecidas (más de 130 mil antes de la criba gubernamental que redujo a 55 mil durante el sexenio anterior y a 17 mil 500 en lo que va del actual) siguen siendo un grito doloroso de miles de familias que no encuentran solidaridad social ni atención eficaz y atenta del régimen actual.
Al desmantelamiento de la sociedad, el oficialismo morenista, desde el sexenio anterior, aumentó desproporcionadamente la deuda pública (cosa que el sempiterno líder dijo que no haría). Calderón la tomó en 3.01 y la dejó en 5.89 billones (la incrementó en 27.5% del PIB); Peña la elevó a 10.55 billones (36.6 % PIB); López O. la catapultó a 17.40 billones (43.6% PIB); en los 22 meses de Sheinbaum, ésta la ha puesto en 19.59 billones (49.3% PIB). Ese dinero lo pagaremos nosotros.
Otras desproporciones que también se dan en la vida pública son las adelantadísimas campañas de imagen para posicionarse electoralmente, sobre todo del oficialismo. La renovación de la Cámara de diputados federal, la renovación de 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos para el próximo año han suscitado efervescencia político-electoral que no la detiene ni el INE ni el Tribunal electoral (TFPJF). Estas instituciones han dejado su autonomía y se han vuelto alfiles del régimen, de facto.
No sólo violan la ley los suspirantes, en su mayoría piezas del oficialismo, sino que denotan que hay una gran movilidad de dinero —irrastreable— proveniente de arcas no visibles, pero activas fácticamente. Desde que murió el INAI, la opacidad se ha impuesto al erario por los gobiernos, federal y estatales, lo cual no permite tener luz sobre el uso de los recursos públicos. Y una desproporción mayor: la sociedad no sabe si esa opacidad invita a los dineros provenientes del crimen organizado.
Hoy, más que nunca, las elecciones parecen depender, sobre todo, del dinero. La promesa de separar el poder político del poder económico no fue más que un recurso demagógico. No sólo no ha podido separarse lo político de lo económico, sino que aquello ha abierto el mercado a dineros ilícitos. El llamado huachicol fiscal (algo así como 600 mil millones de pesos), descubierto por la Fiscalía General de la República, no ha investigado. ¿A dónde fueron a parar esos recursos? Sigue opaco todo.
Como sociedad nos hace falta una auténtica rebeldía para detener esas desproporciones que deshumanizan lo que tocan. Es conocido lo que Albert Camus escribía: “La rebelión es el acto del hombre informado que posee conciencia de sus derechos” (1). Por eso, el rebelde —y una sociedad lo puede ser— es quien dice: “No, basta”, ante una injusticia o una desproporción; pero, al mismo tiempo, dice: “Sí”, porque quiere reivindicar la esencia de la existencia concreta, del aquí y del ahora.
El hombre rebelde, publicado en 1951 por Camus, le valió a este ser excluido de los círculos intelectuales de la izquierda francesa, liderados por Sartre. El Nobel fue calificado por los izquierdistas como “reaccionario”, de “derecha”, por haber advertido y denunciado cómo la rebelión auténtica devino en revolución burocrática con cuyo poder se eliminaba, sobre todo, a los más débiles y a los opositores. Camus denunciaba a los totalitarismos tanto irracionales (nazismo-fascismo) como racionales (comunismo, sobre todo el de la URSS y sus gulags). Era verdad lo que dijo.
Nota:
1. Rosa de Diego, Albert Camus, Síntesis, Madrid 2006, p. 111.