Seis de siete. No se trata de una cifra de encuesta ni de pronóstico deportivo. Es el saldo de un operativo que destapó, una vez más, la profunda infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad pública municipal de Puebla.
Seis secretarios o directores de Seguridad Pública —de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal— fueron detenidos por presuntos delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. El séptimo, de San Felipe Tepatlán, aún permanece prófugo. Las carpetas de investigación apuntan a que estos servidores públicos facilitaron la movilidad de células del narcotráfico y omitieron intervenir ante actividades ilícitas perpetradas, según las autoridades, a plena luz del día.
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No es un asunto menor, en el caso de Jopala que merece atención especial. En ese municipio de la Sierra Norte, colindante con el Estado de Veracruz y de apenas doce mil habitantes y tradición cafetalera, durante el operativo se desmanteló un narcolaboratorio clandestino que, de acuerdo con informes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, generaba al menos 2 mil 400 millones de pesos anuales en estupefacientes —principalmente una sustancia con características de cristal o metanfetamina—. La cifra equivale a 27 años del presupuesto anual del propio municipio (88.7 millones de pesos en 2026).
El complejo operaba desde hacía más de un año, (se duce que al menos ocho) con capacidad suficiente para abastecer no solo a Puebla sino también a Veracruz. En el aseguramiento se encontraron 500 kilogramos de la droga, más de 25 mil litros de precursores químicos, reactores, condensadores, destiladores y tanques de gas.
Aun cuando fue un golpe económico demoledor al crimen organizado, se traduce en vergüenza monumental para quienes debían impedir que algo así existiera. Todo apunta al alcalde reelecto por Movimiento Ciudadano, quien enfrenta señalamientos de posible desconocimiento —o algo peor— complicidad y hasta coparticipación.
Un indicio de malos manejos es la ausencia de cumplimiento de la Transparencia, el alcalde que va para sus seis años de mandato no ha publicado un solo contrato suscrito con proveedores de bienes y servicios. Aunque las autoridades fiscalizadoras lo saben, existió omisión o complicidad. Una práctica que se repite sin consecuencias.
El secretario de Seguridad Pública del estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, lo dijo sin rodeos: resultaba “prácticamente imposible” que las autoridades locales no supieran lo que ocurría. “Esto se llama omisión y encubrimiento”. El director de Seguridad Pública de Jopala, Manuel N., está entre los detenidos. La Fiscalía General del Estado confirma que las investigaciones derivan precisamente del hallazgo de este y otros laboratorios en la Sierra Norte y la Mixteca.
¿Cómo se explica que un laboratorio de esa magnitud funcionara durante más de doce meses en un municipio pequeño, montañoso, donde todo el mundo se conoce?
¿Cómo se mueve una tonelada de insumos químicos, se instalan reactores y se produce droga a escala industrial sin que la policía municipal se entere?
La respuesta más sencilla y más dolorosa es que sí se enteraron. Y callaron. O peor: protegieron.
No es la primera vez que Puebla ve caer mandos municipales vinculados al crimen. Tampoco será la última mientras las corporaciones locales sigan siendo botín político, refugio de lealtades personales y, en no pocos casos, extensión de las redes criminales. En donde los partidos políticos postulan a delincuentes disfrazados de “ciudadanos” ejemplares.
El gobierno estatal ya analiza asumir el control temporal de esas policías. Bienvenido el intento. Pero no basta con cambiar de uniformes. Hace falta memoria, limpieza profunda y voluntad política real para impedir que los mismos personajes reciclados —o sus protegidos— regresen con otro color de camiseta, que en tiempos electorales cambian como lo hacen con sus calcetines.
Jopala no es solo un punto en el mapa de la Sierra Norte. Es el espejo de un problema estructural: municipios pobres donde el presupuesto oficial apenas alcanza para lo básico, mientras el dinero negro del narco corre a raudales y compra silencios, protecciones y omisiones.
2 mil 400 millones de pesos. Veintisiete años de presupuesto municipal. Una cifra que debería quemar la conciencia de cualquier servidor público digno de ese nombre.
La ciudadanía poblana merece más que boletines de prensa y operativos mediáticos. Merece corporaciones que protejan y no que encubran. Merece alcaldes que no miren hacia otro lado. Y merece que quienes traicionaron el juramento de cuidar a la población enfrenten las consecuencias completas de la ley, sin privilegios ni negociaciones bajo la mesa. Necesita de legisladores que exijan el cumplimiento estricto de las leyes y en su caso la ausencia de transparencia, se ya un motivo para separar del cargo a los alcaldes, en tanto no cumplan con el ordenamiento.
Porque cuando los guardianes se vuelven cómplices, el pueblo se transforma en corderos frente a lobos hambrientos y el erario se convierte en botín.
¿O no lo cree usted?
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