La estrategia diplomática y política desplegada por Washington en América Latina y, en particular, en su relación con México no requiere ser anunciada con bombo y platillo ni con estridencia para ser eficaz. Para ello bastaría observar la secuencia de los acontecimientos más recientes para advertir que “el sitio” sobre el gobierno mexicano avanza paulatinamente y con contundencia.
Desde hace un par de años, Estados Unidos dejó de circunscribir su preocupación por el narcotráfico a acuerdos binacionales, revisiones anuales e intercambio de notas diplomáticas. Simplemente, lo elevó legalmente a la categoría de terrorismo y, en función de ese cambio radical, ha actuado.
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También, para quienes siguen imaginando invasiones militares y prefieren envolverse en la bandera nacional para impedir la toma del Castillo de Chapultepec, habría que informarles que esto no es así y difícilmente lo será, por lo que habrá que guardar los mosquetones. No podemos pensar la política para el hemisferio occidental desde viejos modelos de la Guerra Fría o incluso anteriores.
Donald Trump y su equipo comenzaron a desplegar para el caso de México una estrategia mucho más amplia que combina inteligencia, cooperación judicial, sanciones financieras, restricciones migratorias, investigaciones dirigidas contra personas vinculadas con estructuras de poder en México y, desde luego, oportunas filtraciones administradas a conveniencia.
No se trata de una intervención militar ni de una ruptura diplomática. Es un “sitio” silencioso, persistente y cuidadosamente administrado que avanza expediente por expediente, filtración por filtración y caso por caso. Gota a gota —como una especie de tortura al estilo de la Santa Inquisición— Washington está erosionando la capacidad de defensa y la credibilidad del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Frente a ello, la respuesta del gobierno mexicano ha seguido un patrón igualmente constante, pero errático, contradictorio e ineficaz: negar, crear cortinas de humo, minimizar o atribuir cada episodio a conspiraciones políticas de la ultraderecha, sin ofrecer explicaciones convincentes sobre las revelaciones, cada vez más comprometedoras, de la narcopolítica que se vienen sucediendo y que parecen no tener fin.
Las sutiles filtraciones a los periodistas Luis Chaparro y Héctor de Mauleón vuelven a colocar esa dinámica sobre la mesa, aderezadas con un calculado silencio de Trump y sus colaboradores, que solo le han prestado el micrófono, momentáneamente, al enredado exembajador del sombrero, Ken Salazar, a quien a veces la Presidenta le da crédito y en otras lo tacha de mentiroso: todo en el mismo paquete, aunque parezca inverosímil.
Por un lado, el caso del piloto de “Los Chapitos”, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", dejó abiertas más interrogantes que certezas. Más allá del desarrollo judicial del asunto, la narrativa oficial mostró inconsistencias y versiones cambiantes que alimentaron el debate público en nuestro país.
El 8 de febrero de 2025, seis meses después del secuestro, entrega y detención de “El Mayo” Zambada, fue asegurado en nuestro país el piloto que trasladó al capo a Nuevo México. Ese mismo mes, un juez federal lo vinculó a proceso por delitos relacionados con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
Es previsible suponer que “El Jando” fue liberado por autoridades estadounidenses, previo acuerdo entre ambas partes para aceptar pilotear la aeronave Beechcraft en una operación de elevado riesgo y retornar a México, donde quizá se sentía más seguro y protegido, a tal grado que retomó sus actividades delictivas.
Pero lo insólito fue que, de nueva cuenta, como en una puerta revolvente, seis meses más tarde el gobierno mexicano entregó a "El Jando" a Estados Unidos, junto con otros integrantes de organizaciones criminales requeridos por la justicia de ese país, sin proceso de extradición de por medio. Se sabe que, en abril de este año, Núñez Ojeda firmó un acuerdo de culpabilidad ante una Corte Federal del Distrito de Columbia.
Lo inaudito y francamente escandaloso de este affaire es que la Cancillería mexicana llevaba dos años solicitando pruebas y aclaraciones al Departamento de Estado sobre una posible acción extraterritorial en suelo nacional, cuando la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, tenía en sus manos a un personaje clave que podría esclarecer esta “duda existencial” y los detalles de tal entuerto. Lo tuvo a su disposición durante medio año para conocer los pormenores de la planeación del vuelo y el traslado de “El Mayo” y, sobre todo, para comprobar o no la presunta intervención de Estados Unidos y sin embargo… lo dejó ir.
Tal parece que el canciller, Roberto Velasco, nunca se comunicó directamente con Godoy o esta con él para corroborar o no, la injerencia estadounidense en una inadmisible falta de comunicación y también de control por parte de la mandataria mexicana. La pifia —por decir lo menos— exhibió de pies a cabeza la impericia del gobierno mexicano en este caso.
Habría que considerar otra posibilidad: que el piloto sí aportara esta información, pero aquí prefirieran ocultarla y administrarla por así convenir a los “intereses nacionales”. Si esto fuera cierto, resultaría doblemente incomprensible su entrega a Estados Unidos para garantizarles que ellos sigan manteniendo plenamente el control de la acción judicial y de la narrativa del caso. ¿Qué explicación puede ofrecer la fiscal Godoy? ¿Qué ocurrió en realidad dentro del Gabinete de Seguridad?
Por otro lado, la difusión de audios relacionados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, volvió a colocar en el centro la dimensión del asedio norteamericano. Independientemente del contenido de esas conversaciones o de las explicaciones posteriores de la mandataria estatal, el episodio confirmó la fluida interlocución de políticos mexicanos con actores estadounidenses en asuntos relacionados con la narcopolítica.
Marina del Pilar Ávila llegó al extremo de ofrecer información de las “mesas de seguridad”, en las que se maneja información confidencial, a cambio de obtener algún beneficio particular.
Por mucho menos que ello, fue linchada la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien le endilgaron el duro adjetivo de “traidora a la patria”.
Vistos de manera aislada, ambos episodios podrían parecer casos distintos. Observados en conjunto, forman parte de una misma tendencia: Washington continúa estrechando “el sitio” sobre las redes políticas nacionales y sus nexos con el crimen organizado.
Mientras el gobierno insiste en negar la existencia de esa estrategia, Washington continúa avanzando sin necesidad de discursos estridentes. Expediente tras expediente, filtración tras filtración, va delimitando el terreno político sobre el que México deberá negociar los próximos años. Quizá el verdadero problema para el gobierno mexicano ya no sea el contenido de las revelaciones, sino seguir actuando como si “el sitio” no existiera.