Penal San Miguel cita a consulta y luego rechaza dar información de castigos

El Centro Penitenciario de San Miguel ubicado en la ciudad de Puebla, impidió el acceso a la información pública relacionada con las sanciones impuestas a personas privadas de la libertad por la posesión de objetos prohibidos, pese a que la misma Secretaría de Seguridad Pública (SSP) había instruido a que hubiera una consulta directa debido al volumen de los documentos.

Esto ocurrió después de que mediante la solicitud de información con folio 761204226000172, la dependencia respondiera que no era posible entregar los datos en formato electrónico, ya que el penal resguarda aproximadamente 81 mil 305 metros lineales de documentación, integrada por expedientes, actas, informes y otros documentos.

Según la respuesta la SSP mencionó no contar con la capacidad técnica, material ni humana para procesar la información en formato estadístico, por lo que determinó que la única alternativa era una consulta directa.

La realidad de la consulta pública

La propia respuesta señalaba el día, la hora y el servidor público que atendería la consulta, que sería el licenciado Ángel Soto Velázquez.

El día de la cita, ya en el Centro Penitenciario de Puebla, el ingreso comenzó con una larga espera en el exterior mientras se autorizaba el acceso.

Después de una hora, una persona del área de estadística salió para informar que la consulta se realizaría en el archivo, aunque advirtió que se trataba de un gran volumen de expedientes.

Posteriormente, una vez superados los filtros de seguridad, que incluyeron entregar una identificación oficial, el registro en varias libretas de visitantes, una revisión corporal y la colocación de un sello la espera continuó dentro del penal durante aproximadamente otra hora.

Y mientras transcurría el tiempo, el movimiento cotidiano del centro seguía, con internos trasladándose entre áreas algunos con ropa muy descuidada, personal ingresando alimentos y custodios recorriendo las instalaciones.

Una condición no informada

Finalmente, un hombre que se identificó como Ricardo Paniagua Calleja informó que no sería posible revisar los expedientes y la razón ya no era el volumen de la información, ahora el argumento cambió por tratarse de una reportera, por lo que aseguró que era necesario presentar un oficio especial para permanecer en el área y consultar los documentos.

Al señalar que la propia Secretaría de Seguridad Pública había citado formalmente para realizar la consulta y que ese requisito nunca fue mencionado en la respuesta de transparencia, la respuesta fue la misma.

Ricardo Paniagua, aparece en la plataforma de transparencia como subdirector del tutelar de menores, con un sueldo de 25 mil pesos, es originario de Veracruz, como la mayoría del sistema penitenciario y únicamente tiene experiencia como “avanzada” en el ayuntamiento de Veracruz

Finalmente, la visita concluyó sin que pudiera revisarse un solo documento y con el funcionario acompañando el trayecto hasta la salida junto con dos policías custodias.

Así, mientras la Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que la consulta directa era el mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la información, el propio Centro Penitenciario terminó por impedir el acceso.