Hemos estado sumergidos durante meses en escándalos, revelaciones, filtraciones, violencia inacabable, huachicol fiscal a diestra y siniestra y el asedio permanente de Estados Unidos, que quizá estamos perdiendo la brújula para entender hacia dónde se dirige el país. Apenas nos detenemos a reflexionar en qué condiciones podría encontrarse México a fin de 2027.
Aunque la inestabilidad política, nacional e internacional, es uno de los rasgos característicos de nuestro tiempo, conviene tratar de anticipar el panorama que podría configurarse al concluir las elecciones intermedias del próximo año. A mi entender, lo que hoy observamos en los frentes político, económico, social e internacional difícilmente desembocará en un escenario estable y satisfactorio. Por el contrario, estimo que todo apunta a un país más polarizado, con un estado debilitado y una crisis más profunda.
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No encuentro elementos para pensar que la acumulación de desaciertos, agravios y escándalos de diversa naturaleza no terminará, tarde o temprano, por conducirnos a un punto de inflexión y quiebre del que será difícil recomponernos.
Sin embargo, buena parte de la clase gobernante parece apostar a que no pasará nada, a que seguimos frente a un simple "infiernito" y que las cosas continuarán más o menos igual. Un error de cálculo grave.
Si esa perspectiva termina materializándose, no será consecuencia de un solo acontecimiento extraordinario, sino de la convergencia de varias crisis que hoy evolucionan de manera paralela y comienzan a reforzarse entre sí. Cada una representa un desafío por separado. El verdadero riesgo radica en que todas avancen simultáneamente, erosionando la capacidad del Estado para resolver conflictos, preservar la estabilidad y la gobernabilidad.
El primer factor es el creciente asedio de Estados Unidos. Washington ha asumido que el narcotráfico dejó de ser un problema exclusivamente criminal para convertirse en una amenaza estratégica a su seguridad nacional. Ese cambio de paradigma modificó por completo la relación bilateral. Todo indica que la estrategia de persecución continuará profundizándose. Más allá de los resultados inmediatos, el costo para México puede ser considerable si algunos miembros de la cúpula política de Morena son llevados ante la justicia estadounidense. El desplome de ese partido sería inevitable.
Otro caso inquietante es el del huachicol fiscal. Mientras el debate público parece concentrarse en determinados empresarios o personajes de oposición, el verdadero problema es la magnitud que ha alcanzado este mercado ilícito. El volumen de combustibles que ingresa al país mediante esquemas ilícitos difícilmente puede entenderse como la suma de operaciones aisladas. Su dimensión sugiere redes complejas de corrupción y protección que han permitido consolidar este negocio durante años. ¿Cómo una actividad de tal escala pudo desarrollarse sin que las estructuras encargadas de supervisar puertos, aduanas y autoridades fiscales lograran detectarla y frenarla? Mientras la discusión se limite a encontrar un responsable políticamente conveniente y no a desmontar las condiciones que hicieron posible este esquema, el problema seguirá creciendo y erosionando la credibilidad del Estado. El hallazgo de una refinería clandestina de grandes dimensiones en Tamaulipas, que nadie vio o nadie quiso ver, es apenas una muestra de una soberanía energética entregada a manos del crimen organizado.
A ese escenario se suma otra tendencia preocupante: la concentración progresiva del poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. La desaparición o subordinación de organismos autónomos, la creciente influencia del Ejecutivo sobre otras instancias del Estado y la reducción de los mecanismos de control disminuyen la capacidad del sistema para corregir errores y contener excesos.
En ese contexto, las elecciones intermedias de 2027 podrían convertirse en una prueba decisiva para la gobernabilidad democrática. Más allá de quién resulte vencedor, el elemento central será la confianza que los ciudadanos depositen en el INE y en el TEPJF. Si una parte significativa de la sociedad considera que estas instituciones ya no actúan con la independencia e imparcialidad necesarias para garantizar una competencia auténtica, el problema se convertirá en una crisis de legitimidad política. México tardó décadas en construir instituciones que, con todas sus imperfecciones, ofrecían certeza sobre los resultados. Dilapidar ese patrimonio tendría un costo incalculable para la democracia y el país.
Quizá el fenómeno más preocupante ni siquiera provenga del gobierno o del exterior, sino de la propia sociedad. La sucesión ininterrumpida de escándalos, episodios de violencia, revelaciones de corrupción y confrontaciones políticas ha generado una peligrosa normalización del deterioro. Cada crisis desplaza a la anterior antes de que existan respuestas o responsabilidades. La indignación dura apenas el tiempo que tarda en surgir un nuevo escándalo. Poco a poco, corremos el riesgo de acostumbrarnos a vivir en circunstancias que hace apenas unos años habríamos considerado inadmisibles y nos habrían levantado de la poltrona.
Y es precisamente ahí donde, a mi juicio, reside el mayor peligro. Existe la tendencia a pensar que las grandes crisis nacionales son provocadas por un acontecimiento extraordinario: una elección, una recesión, un conflicto diplomático o un episodio de violencia particularmente grave. La historia demuestra lo contrario. Los sistemas políticos rara vez colapsan por un solo hecho. Lo hacen cuando la acumulación de tensiones rebasa su capacidad de absorción y cualquier acontecimiento, incluso uno aparentemente menor, actúa como detonador de una crisis que llevaba años gestándose.
No preocupa únicamente cada uno de estos problemas por separado. Inquieta, sobre todo, la manera en que interactúan. La presión internacional incrementa la incertidumbre política, ésta deteriora la confianza institucional y la pérdida de confianza dificulta la construcción de acuerdos que fortalecerían al Estado.
Por ello, no se encuentran elementos para anticipar un escenario optimista hacia finales del próximo año. La preocupación no es identificar cuál será el detonante, quizá un embate más fuerte de Estados Unidos. Cuando ese detonante haga acto de presencia en México llegara con instituciones debilitadas, una profunda desconfianza ciudadana y un Estado con incapacidad para absorber nuevas tensiones.
Ojalá este diagnóstico resulte erróneo. Ningún mexicano desea que un escenario como éste se materialice. Pero la obligación de quien analiza la realidad no consiste en describir el país que quisiera tener, sino en advertir las tendencias que podrían conducir al que tendremos si seguimos ignorando las señales de alarma. Las grandes crisis nacionales no comienzan cuando estallan. Comienzan mucho antes, cuando una sociedad deja de creer que pueden estallar.
Posdata personal. Con estas reflexiones concluye mi ciclo en la sección de opinión de e-consulta. Mi gratitud permanente a todo el equipo por su generosidad, solo equiparable a su compromiso con el periodismo en Puebla. Mi agradecimiento infinito a los lectores, con quienes espero reencontrarme muy pronto.
Muchas gracias.