Mientras el gobierno mexicano sigue defendiendo tozudamente a “El Rocha” y su alineación sin portero desde hace más de un mes, la crisis con Estados Unidos se agudiza. La presidenta Claudia Sheinbaum parece empeñada en confrontar a Washington y tensar aún más la vida pública de la República.
La mandataria insiste inútilmente en su discurso caduco de salvaguardar la soberanía, cuando ésta ha sido entregada, al menos en una importante proporción de la geografía nacional, al narcotráfico y cuando la narrativa frente a Donald Trump la está perdiendo como hemos sostenido en colaboraciones anteriores.
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Veamos los recientes resultados de la “Operación Enjambre” en Morelos, con la detención de dos alcaldes —Atlatahucan y Yecapixtla— y de cuatro personas más, quienes además de proteger a grupos del Cártel de Sinaloa, entregaban obra pública a dicha organización para incrementar sus ganancias ilícitas. Resulta curioso que no se haya mencionado si el grupo criminal financió las campañas de ambos ediles y de Jesús Corona, alcalde prófugo de Cuautla, como es dable suponer.
El esquema criminal de Sinaloa se replicó en Morelos, sin tocar aún a la gobernadora Margarita González, aunque sí a algunos de sus colaboradores. Si la intención fue enviar otro delicado regalo a Donald Trump, el efecto termina siendo contraproducente, pues confirma la prevalencia del binomio narco-políticos, aquel que tercamente se resiste a reconocer.
Pero el gobierno parece decidido a aumentar considerablemente la presión de la olla exprés nacional y sin reparar en las consecuencias futuras – o quizá pensando en ello – impulsa dos iniciativas de reforma con fines electorales que enrarecerían todavía más el clima político rumbo a las elecciones de 2027. Generalmente las reformas en la materia buscan reducir incertidumbre, éstas… la propalan.
La reforma contra la injerencia extranjera en procesos electorales propone modificar la Constitución para que una elección pueda anularse si se demuestra una “intervención extranjera” directa en favor o en contra de candidatos o partidos.
Se agregaría así una nueva causal de nulidad electoral. La “intromisión extranjera” incluiría financiamiento externo, campañas de propaganda desde otros países, uso de bots o estrategias digitales, así como presión política o mediática de gobiernos extranjeros. Para colmo de males, los casos denunciados tendrían que ser resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que como sabemos ha actuado de manera abiertamente parcial.
Morena argumenta que busca proteger la soberanía nacional frente a presiones externas, con remitente especial —aunque sin decirlo— a Donald Trump. Sin embargo, hace muy poco para frenar y castigar la inocultable intromisión del narcotráfico en las elecciones y en la política, como lo demuestra el caso Sinaloa.
Más allá de que el concepto de “injerencia” puede ser extremadamente ambiguo y subjetivo, existe también preocupación sobre posibles límites a la libertad de expresión y al trabajo de medios o plataformas digitales. El hecho concreto es que se terminaría por conceder un mega poder electoral a agentes externos.
Si un presidente extranjero se pronuncia - como ha ocurrido recurrentemente - en favor de tal o cual candidato o partido, podríamos ingresar en la condición para anular elecciones. El resultado previsible sería abrir nuevas disputas políticas internas que erosionarían la certeza electoral conseguida a empujones durante décadas.
Una imprudente declaración o intervención proveniente de otro país, pesaría más que la voluntad del elector expresada en las urnas. ¿Por qué conferir semejante poderío a personajes foráneos -sin importar el bando ideológico-, a sabiendas de que eso ocurrirá, sin lugar a duda?
Pero esto no parece suficiente para enredar el ambiente político. También se discute otra iniciativa que plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar perfiles de aspirantes y alertar sobre posibles vínculos con el crimen organizado.
La comisión usaría información de fiscalías, áreas de inteligencia e instancias de seguridad para determinar posibles nexos criminales de candidatos. El análisis sería confidencial y preventivo y en teoría, los partidos decidirían si postulan o no a los aspirantes cuestionados. La intención oficial sería evitar que el crimen organizado infiltre alcaldías, congresos y gobiernos locales. Pretenden blindar el futuro sin resolver el presente. “Después de ahogado el niño, tapan el pozo”, reza la sabiduría popular.
El INE ya fijó postura y no quiere convertirse en “juez y parte”, pues su función es organizar elecciones, no filtrar políticamente candidaturas. Existe además una preocupación legítima por el posible uso político de información de inteligencia sin procesos ministeriales ni sentencias judiciales firmes. La oposición teme que el mecanismo termine utilizándose para presionar o bloquear candidatos incómodos.
Por ello, quizá el verdadero trasfondo de estas reformas no sea estrictamente electoral. En contextos de presión externa y posible judicialización internacional de actores políticos, la generación de incertidumbre interna puede convertirse también en un mecanismo de supervivencia política y hasta personal.
Si desde Washington continúan avanzando investigaciones o procesos contra personajes vinculados al régimen —como ya se presagia en distintos círculos políticos y mediáticos— un país atrapado en disputas electorales y sumido en confrontaciones institucionales podría resultar funcional para diluir responsabilidades, victimizar actores políticos y tratar de trasladar el debate hacia otras esferas.
El problema es que esos juegos suelen desbordarse. La historia latinoamericana muestra que cuando las reglas electorales se vuelven ambiguas, discrecionales y altamente litigiosas, la estabilidad democrática se erosiona aún más. Y en México, donde la violencia política y criminal ya forma parte del paisaje nacional, abrir nuevos frentes de disputa podría tener consecuencias graves.
De alguna manera, todo esto puede remitirnos al incendio ordenado por el emperador romano Nerón: cuando el poder percibe amenazas existenciales, a veces prefiere administrar las cenizas antes que perder el control del país.
Y eso no necesariamente sería accidental.
Posdata. Hace unas semanas Trump afirmó que México está gobernado por el narcotráfico. ¿Es esa una injerencia electoral que ha deteriorado la imagen presidencial y reducido la intención de voto de Morena? ¿Ha influido electoralmente esa sentencia? La respuesta la conocemos.