El relleno sanitario de Chiltepeque presenta hasta el día de hoy elementos que desbordan la narrativa de una simple deficiencia operativa. La documentación integrada en la denuncia popular presentada ante la PROFEPA el pasado 16 de enero de 2026 por Darinel Keller y habitantes de la zona, revela la existencia de una obra civil cuya función técnica es el drenaje de lixiviados; se trata de un túnel de tres metros de alto por tres de ancho situado bajo la montaña de basura que opera como un desagüe masivo hacia el entorno.
De acuerdo con los datos técnicos aportados por la investigación de campo de Keller, esta estructura es una obra de ingeniería que requirió planeación e inversión para funcionar de manera sostenida, permitiendo la evacuación de líquidos altamente tóxicos resultantes de la descomposición de los residuos hacia el exterior del recinto.
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Mientras los dictámenes oficiales defienden la impermeabilidad del sitio, la evidencia recopilada por Keller muestra cómo este túnel conduce las descargas directamente hacia el cauce del arroyo natural que conecta con la Presa de Valsequillo, provocando que en comunidades como Santo Tomás Chautla los testimonios de los pobladores sobre casos de cáncer y malformaciones coincidan con las zonas donde el ganado bebe agua de estos escurrimientos.
Esta infraestructura del subsuelo, documentada mediante vuelos de drones y análisis de laboratorio, configura una vulneración sistemática a los derechos humanos de los poblanos, el Estado mexicano ha ratificado tratados internacionales que lo obligan a garantizar un medio ambiente sano y a proteger la salud de las comunidades originarias, compromisos que se disuelven ante la complicidad institucional al permitir la operatividad de una empresa que obtiene ganancias millonarias gestionando mal la basura mientras colectiviza la enfermedad.
La operatividad de la empresa RESA se sostiene jurídicamente en la NOM-083-SEMARNAT-2003, pero el mecanismo de verificación permite que el operador contrate a su propia Unidad de Verificación para realizar auditorías de gabinete donde los papeles sustituyen a la inspección física. Esta trampa administrativa permite que el Manifiesto de Impacto Ambiental del tiradero sea un registro basado en la falsedad que niega la existencia de cuerpos de agua a 340 metros o ignora que la basura ha cubierto incluso torres de alta tensión.
La PROFEPA y la SEMARNAT han mantenido un criterio donde el hecho denunciado sólo parece existir si sus inspectores observan la descarga en el segundo exacto de su visita, invalidando la evidencia física aportada por Keller y el colectivo de vecinos; videos, análisis químicos, coordenadas GPS y pruebas de laboratorio son invalidadas por la simple ausencia de la mirada oficial en el momento del vertido, lo cual no es otra cosa que un aparato burocrático opaco y omiso puesto al servicio del capital con el fin de diluir responsabilidades.
La permanencia de este esquema interpela directamente a lo que enuncian los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues mantener la operación de un sitio con estas características bajo el argumento de que no existe una alternativa inmediata, traslada el costo de la basura a la salud de las comunidades y al ecosistema de la región, contradiciendo el discurso de justicia social que tanto cacarean.
La renuencia de las autoridades ambientales a intervenir ante las pruebas presentadas sugiere una aquiescencia estatal que protege el beneficio privado a costa de la vida; si el Estado actual no ejerce sus atribuciones y clausura definitivamente el sitio, el discurso de la transformación se quedará, como ya es costumbre, en la superficie discursiva.
Es aquí donde la lucha ecológica debe trascender la queja técnica para convertirse en algo más, los activistas y el pueblo deben comprender que el derecho a un medio ambiente saludable no es una concesión, sino una conquista que se debe defender desde una perspectiva integral que no aísle el entorno de la lucha histórica de los pueblos por su territorio.
El activismo ambiental no puede limitarse a solicitar que el relleno funcione bajo la norma; debe politizarse para entender que la depredación es la naturaleza misma del sistema capitalista y que las estructuras estatales están diseñadas para proteger la acumulación por desposesión, por lo que la resistencia es, en última instancia, una disputa entre la vida y el mercado que mercantiliza el aire, el suelo y el agua.
Esta conciencia militante implica reconocer que el inspector ciego o el juez omiso son engranajes de la maquinaria neoliberal que gestiona la muerte bajo la apariencia de progreso, por lo que politizar al pueblo significa apropiarse de la defensa del medio ambiente como un acto de dignidad colectiva.
La esperanza reside en la capacidad de las comunidades para entender que su lucha es política y que va de la mano con la de otros pueblos que resisten a la gestión neoliberal, identificando que detrás del derrame de lixiviados hay una decisión económica que prioriza el flujo financiero sobre el ciclo hídrico.
Únicamente mediante la organización colectiva que identifique la depredación del medio ambiente como la extensión de la lógica del capital se podrá frenar el avance de un modelo que está dispuesto a devorarlo todo. La disputa por Chiltepeque es la batalla por el futuro de la región y sólo una conciencia colectiva crítica que identifique al enemigo real podrá construir una alternativa que garantice la vida.
En conclusión, politizar al pueblo es dotarlo de la claridad necesaria para ver que lo que sucede en Chiltepeque es un síntoma de un sistema que requiere ser confrontado desde la raíz; integrar la lucha ecológica en el corazón de la resistencia social, la militancia de base y la comprensión de que la defensa del territorio es parte de la lucha de los pueblos contra la necropolítica del capital es indispensable.