Sábado, 16 De Mayo De 2026 | Puebla

OPINIÓN

México opera como tercer país seguro

De enero a noviembre de 2025, EU deportó a México a 10 mil 928 personas no mexicanas

Norma Angélica Cuéllar

Investigadora y periodista mexicana. Actualmente realiza una estancia de investigación posdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Tiene publicaciones sobre migración y política en revistas especializadas y en diarios nacionales. Sus temas de investigación son migración, religión y política nacional.

 
 

.

Miércoles, Marzo 4, 2026

En los hechos, México se ha prestado a funcionar como un tercer país seguro, pero sin financiamientos, sin protocolos, sin capacidad institucional y sin haberlo informado abiertamente ante su población.

Sucede que desde que Donald Trump inició un proceso de deportación amplio y expedito, nuestro país se ha dado a la tarea de recibir a miles de personas expulsadas y las redistribuye hacia el sur, aun cuando hace apenas unos años el propio gobierno mexicano —con Marcelo Ebrard— defendía que el país no podía asumir esa carga.

Más artículos del autor

De acuerdo con datos recopilados por Instituto para las Mujeres en la Migración, entre el 20 de enero y el 15 de noviembre de 2025, Estados Unidos deportó a México a 10 mil 928 personas no mexicanas. El Instituto Nacional de Migración (INM) reconoce la recepción de miles de personas en estados fronterizos como Baja California, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, pero mantiene opacidad sobre perfiles y nacionalidades.

Solo en Ciudad Juárez fueron atendidas mil 907 personas extranjeras hasta diciembre de 2025. No hay un acuerdo transparente que explique bajo qué términos México acepta a estas personas.

El informe “La Crueldad como Política”, presentado por organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados México y Hope Border Institute, documenta expulsiones en condiciones de desinformación, traslado forzado e invisibilidad. Personas que no sabían dónde terminaba Estados Unidos y dónde comenzaba México. Personas enviadas a Tabasco sin entender dónde estaban ni qué harían al llegar. Personas con 20 o 30 años de vida en Estados Unidos que, de un día para otro, fueron despojadas de su proyecto vital.

El caso de Clara, una mujer venezolana embarazada de ocho meses, separada de sus hijos y deportada tras pasar por centros de detención, ilustra la crudeza del proceso. Dio a luz en Ciudad Juárez, lejos de sus hijos, después de haber sido amenazada con no volver a verlos. No es una excepción: el monitoreo documenta deportaciones aceleradas, separación familiar y personas en estado de shock dentro de estancias con características carcelarias.

Y mientras México acepta estas expulsiones, tampoco garantiza condiciones mínimas de integración. No hay claridad sobre apoyos económicos prometidos desde Estados Unidos bajo programas como CBP Home. Tampoco hay evidencia de que, al llegar, las personas reciban de manera sistemática apoyos como los anunciados en estrategias gubernamentales de recepción. Lo que sí hay es desorientación, incertidumbre y, en algunos casos, riesgo de deportaciones en cadena hacia países donde su vida corre peligro.

La coalición de albergues y organizaciones pidió al gobierno mexicano limitar la recepción de personas de otras nacionalidades deportadas desde Estados Unidos y reforzar mecanismos de protección para evitar retornos que puedan derivar en graves violaciones de derechos humanos. Es una advertencia seria: aceptar sin condiciones claras convierte al país en eslabón subordinado de una política de expulsión masiva.

México evitó formalmente convertirse en tercer país seguro. Pero en la práctica ya opera como uno. Sin recursos suficientes. Sin transparencia. Sin política integral de integración. Y, sobre todo, sin reconocer abiertamente que está asumiendo una responsabilidad internacional que rebasa sus capacidades institucionales y su compromiso real con los derechos humanos.

Las organizaciones que sostienen la frontera —el Servicio Jesuita a Refugiados México, el Hope Border Institute, la Red Pedro Pantoja y los albergues del norte— ya documentaron las deficiencias, la desinformación, las posibles deportaciones en cadena y las violaciones a derechos humanos que están ocurriendo bajo este esquema de recepción opaca.

Ya lo dijeron con nombres, cifras y testimonios. Ignorarlo no es falta de información, es decisión política. Y si México continúa operando como tercer país seguro de facto sin asumir públicamente sus obligaciones ni garantizar protección real, la crueldad dejará de ser una denuncia para convertirse en política de Estado.

Así las cosas, con los miles de deportados que está recibiendo México. Ya veremos cómo se ponen las cosas, ahora con una amenaza bélica global.

Vistas: 600
AL MOMENTO
MÁS LEIDAS

Blogs