El domingo 22 de febrero el Ejército mexicano y las fuerzas de seguridad federales detuvieron a Nemesio Oseguera Cervantes en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. El detenido murió (de manera no clara) durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. En cuestión de horas, más de la mitad de los estados del país registraron una respuesta al operativo federal, que incluyó bloqueos carreteros, quema de locales comerciales y sucursales del Banco del Bienestar, así como tiroteos.
El operativo fue celebrado en ambos lados de la frontera norte. Un funcionario de defensa estadounidense confirmó que un grupo de trabajo binacional participó en el operativo, mientras Claudia Sheinbaum pedía calma a la población asegurando que las actividades transcurrían con normalidad. Esa narrativa oficial, sin embargo, chocaba con los hechos de violencia en los estados, y la posterior suspensión de clases en once de ellos (en Puebla se cancelaron por el frío).
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Esa reacción de violencia coordinada en tantos lugares a la vez expone lo que ninguna autoridad ha querido reconocer hasta ahora: una organización con tal capacidad de respuesta no emerge de una organización confrontada permanentemente con el Estado mexicano.
El crimen organizado en México no es una formación parasitaria sobre el cuerpo institucional, sino un brazo paramilitar y paraeconómico del sistema que garantiza el control territorial y el saqueo de recursos en regiones donde el despojo y el desplazamiento forzado son el mecanismo permanente de acumulación.
Bajo esta lógica, la alternancia partidista en el poder no representa una ruptura con esta simbiosis criminal, sino el relevo en la gestión de un orden impuesto; por ello, la responsabilidad se diluye en una genealogía compartida que va desde el PRI que institucionalizó la protección al narco desde hace décadas, el PAN que militarizó al país con el pretexto de combatir a la delincuencia, y una 4T que, bajo el engaño del cambio, actúa administrando la estructura heredada.
Esta dependencia tiene un origen externo, pues la política antidrogas mexicana ha sido históricamente un derivado de los dictados estadounidenses desde los años treinta. La Operación Cóndor en Sinaloa a finales de los años setenta mostró la participación directa de fuerzas de EE. UU. en territorio nacional; el TLC en los noventa integró al crimen como actor económico del modelo y la Iniciativa Mérida fue nodal en la etapa más sangrienta en la historia reciente del país.
No es casual que Estados Unidos utilice el tráfico de drogas como instrumento geopolítico: la introducción del crack en comunidades afroamericanas con tradición de resistencia, la pasta base de cocaína (paco) en zonas de fuerte influencia insurgente en América del Sur, o la complicidad de la CIA con el Cártel de Guadalajara en el programa Irán-Contras son antecedentes documentados de que el combate al narcotráfico y su instrumentalización como elemento de gestión del capitalismo periférico y de intervención no son algo nuevo. La más reciente evidencia de esto es el secuestro del presidente Maduro en Venezuela bajo el mismo viejo pretexto.
Después de las detenciones de El Chapo, de los Arellano Félix o de Amado Carrillo, entre muchos otros, la violencia no cesó ni las fosas dejaron de aparecer. Lo que las fuerzas policiales y militares han neutralizado es a individuos prescindibles, mientras, la estructura que los hace posibles permanece intacta, sostenida desde las mismas instituciones que declaran combatirla.
Con presidentes municipales y gobernadores con vínculos documentados y operadores de seguridad que garantizan que el tráfico de drogas, armas y dinero continúen, al final son el engranaje del capitalismo armado. Se sacrifica sólo lo que Washington señala cuando le conviene, acá la soberanía es la retórica que sirve para proteger a los que aun están en gracia de la gerencia política en turno.
En ese marco aparece Omar García Harfuch, hijo de quien dirigió la siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el periodo en que esa institución ejecutaba la guerra sucia contra la disidencia política y, simultáneamente, articulaba la protección institucional al narcotráfico.
Esas funciones no eran contradictorias sino expresiones complementarias de una tecnología de control que bien podría ahora Harfuch encarnar, hoy bajo el perfil del tecnócrata del orden, eficaz y moderno. Es la figura que ofrece seguridad sin alterar la estructura que produce la inseguridad; el rostro amable de una tradición que conserva su contenido bajo la retórica del cambio.
Al final lo que hace Sheinbaum es la sujeción histórica a los dictados de Washington bajo nuevas directrices: firma de acuerdos que ceden control sobre recursos estratégicos, más militarización, el derribo de estructuras criminales que darán paso a otras y a cambio (posiblemente), la protección de operadores criminales vinculados a su propia coalición. En ese equilibrio reside la gobernabilidad que el sistema requiere y que el discurso oficial insiste en llamar normalidad.