Vivimos, o creemos vivir bajo un sistema democrático, en el que la rendición de cuentas debería ser un pilar en el equilibrio entre el poder público y la confianza ciudadana en las instituciones y no una simulación u oportunidad para minimizar la crítica y gozar del aplauso partidiario.
Las comparecencias son el ejercicio en el cual se materializa la responsabilidad de informar, explicar y justificar acciones, políticas públicas y resultados ante la representación popular de todas las expresiones políticas.
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Creo importante, estimada y estimado lector, mencionar que las comparecencias no deben representar solo un trámite administrativo o un acto protocolario derivado de la glosa del informe del gobierno estatal. Por el contrario, son espacios institucionales de diálogo político, crítica constructiva, transparencia y fiscalización, en los que los integrantes del gabinete estatal exponen los avances, retos y decisiones tomadas en sus respectivas áreas, escuchan y responden cuestionamientos, por muy incómodos que puedan parecer, sólo así su actuación está sujeta al escrutinio público y al análisis democrático de las diferentes fuerzas políticas.
En este contexto, la responsabilidad de los secretarios y secretarias no se limita a presentar datos o discursos previamente elaborados, sino que implica una disposición real para responder cuestionamientos, aceptar críticas y aclarar posibles inconsistencias, así como lo hizo el secretario de Seguridad, en donde su exposición demostró apertura, autocrítica y compromiso con la mejora continua de la administración pública. Cuando las comparecencias se desarrollan en este tenor, con seriedad y profundidad, fortalecen la legitimidad del gobierno y contribuyen a una cultura política más participativa y transparente.
Un elemento central de estas comparecencias es la participación de la oposición, escuchar a las fuerzas políticas diferentes al oficialismo no es una concesión, es una obligación institucional.
El objetivo de nuestras preguntas y observaciones era visibilizar problemáticas que no estaban reflejadas en los informes oficiales, así como representar las inquietudes de sectores de la sociedad que no se identifican con la agenda gubernamental, justo como lo expresó la diputada Celia Bonaga durante la participación de las secretarías de Educación y de las Mujeres, donde señaló que ambas dependencias han mostrado pocos avances concretos en temas clave, como la mejora educativa real y la efectiva implementación de políticas para erradicar la violencia de género, más allá de campañas y datos fríos, además se advirtió que estas cifras reflejan la necesidad de mayor trabajo de campo y resultados tangibles, por otro lado la diputada Luana Amador cuestionó la poca inclusión de personas con discapacidad dentro de los planes de trabajo y obras de la secretaría de Infraestructura, donde además se evidenció la falta de aplicación de las normas para garantizar la movilidad y accesibilidad por parte de personas de dicho sector.
También la diputada Susana Riestra señaló la actuación de la Fiscalía, observando denuncias de extorsión y abuso de autoridad documentadas en medios de comunicación evidenciando la necesidad de un esclarecimiento más amplio y el deslinde de responsabilidades; a la par, el diputado Rafael Micalco cuestionó con firmeza la estrategia de seguridad pública al señalar el aumento de delitos de alto impacto, la presencia de narcomensajes en cuerpos abandonados en lugares públicos y la percepción de que la eliminación de recursos como el FORTASEG ha debilitado la capacidad institucional para enfrentar la delincuencia.
Un servidor cuestionó el procedimiento legislativo de la sesión donde se nombró al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado pues además de no incluirse “asuntos generales” en el orden del día, se impidió a la oposición expresar cuestionamientos y debatir sobre los planes de trabajo de los aspirantes, lejos de la capacidad de cada uno de los aspirantes, el proceso de selección se hizo mal.
Ignorar o minimizar las voces opositoras debilita el sentido democrático del ejercicio y reduce las comparecencias a un acto unilateral, el diálogo respetuoso entre el Ejecutivo y el Legislativo, requiere de sensibilidad para escuchar, incluyendo a los grupos parlamentarios de oposición.
Cuando las comparecencias se convierten en espacios de confrontación estéril o de simulación política, se pierde la oportunidad de mejorar las políticas públicas y de fortalecer la gobernabilidad. En cambio, cuando se privilegia el debate informado, la argumentación y la escucha activa, se avanza hacia un gobierno más responsable y sensible a las demandas sociales, el gobierno que merecen nuestras familias.
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