México ha recibido al menos dos oleadas diferenciadas de migrantes venezolanos en los últimos años, pero a la fecha se desconoce cuántos de ellos permanecen en el país en condición irregular. No existe una cifra oficial consolidada.
Tras revisar la prensa y los datos del Instituto Nacional de Migración (INM), ese número no aparece por ningún lado. La ausencia del dato no es técnica: es política. Sin saber cuántos son ni dónde están, tampoco hay obligación de responder por ellos.
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La primera oleada comenzó a hacerse visible durante la pandemia por Covid-19, cuando miles de venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro ingresaron a México con relativa facilidad, en muchos casos por vía aérea, y continuaron su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos. Se trató, en general, de población con mayor poder adquisitivo, redes, documentos y capacidad de inserción económica, que pudo moverse por el territorio.
Ese flujo se interrumpió abruptamente en enero de 2022, cuando México impuso el requisito de visa a las personas de esa nacionalidad. El impacto fue inmediato: el número de venezolanos que llegaban a la frontera con Estados Unidos se desplomó de 22 779 a 3 072 en un solo mes. La medida no detuvo la movilidad; la empujó hacia rutas más largas, más riesgosas y costosas.
La segunda oleada comenzó poco después. Al cerrarse la entrada regular, miles de venezolanos iniciaron el trayecto terrestre, atravesando Centroamérica y la selva del Darién, para luego cruzar México a pie, en autobuses informales o sobre trenes de carga. Esta población llegó en condiciones mucho más precarias, con menos recursos y menor margen de negociación frente al Estado mexicano.
En enero de 2023, el gobierno de Joe Biden abrió la vía de CBP One, una aplicación que ordenaba el acceso de personas con necesidades de protección internacional. Miles de venezolanos se desplazaron hacia la frontera sur de México y, posteriormente, hacia la Ciudad de México, a la espera de una cita que les permitiera continuar a la frontera norte para acceder al asilo estadounidense. Durante meses, CBP One reconfiguró los flujos y produjo una nueva geografía de la espera.
Pero ese horizonte se rompió cuando Donald Trump cerró abruptamente la aplicación, dejando a miles de personas con citas canceladas o expectativas suspendidas. Sus proyectos quedaron en el aire. México volvió a ser, no por decisión propia sino por descarte, el premio de consolación para quienes ya habían recorrido selvas, carreteras y ciudades enteras con un destino claro.
Las cifras disponibles solo iluminan fragmentos del fenómeno. Entre 2013 y el cierre de noviembre de 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) otorgó el reconocimiento de la condición de refugiado o alguna medida de protección complementaria a 25, 683 personas venezolanas, lo que las colocó como la segunda nacionalidad con más casos en México. En 25, 651 casos se reconoció el refugio; en 32 se concedió protección complementaria y 1, 472 solicitudes fueron rechazadas.
Estas cifras no dicen cuántos venezolanos viven hoy en México, sino cuántos lograron atravesar el filtro institucional del asilo. Para muchos, el asilo no fue una elección, sino la única vía para no ser detenidos o deportados: una forma de asilo forzado, resultado del cierre de rutas y no de un proyecto de arraigo.
El otro gran dato es el de la detención migratoria. De acuerdo con cifras del INM, casi 700 mil personas venezolanas fueron detenidas en México entre 2018 y octubre de 2025. No sabemos cuántas fueron deportadas, cuántas liberadas con documentos temporales ni cuántas permanecen hoy en el país tras haber pasado por estaciones migratorias. Sabemos, eso sí, que la detención se volvió una herramienta central de administración del flujo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, poco más del 60 por ciento de las personas venezolanas ha manifestado su deseo de quedarse en México. Ante ese dato, la omisión ya no es sostenible.
Bien haría el gobierno mexicano en contar, registrar y saber quiénes son y dónde están, no para perseguirlos, sino para garantizar acceso a la escuela para sus hijos, a la salud, al empleo y a la seguridad. Sin ese mínimo, México seguirá conteniendo sin integrar, y administrando la espera como política pública.
Comenzamos el año con muy malas noticias; ojalá que las cosas mejoren.
Que tenga usted un gran año, con mucho cariño y buena salud.